El Ciudadano
Por Sara Valentina Enriquez Moldez
El miércoles 17 de diciembre, a altas horas de la noche, dieron a conocer el Decreto Supremo 5503, del gobierno de Rodrigo Paz, presentado como un plan de «estabilización» y «emergencia económica», que en realidad representa la formalización de un programa neoliberal con nula diferencia al presentado por Tuto Quiroga.
Su característica y hartante narrativa de «crisis terminal heredada» opera como un mito inaugural del shock (misma estrategia que en Argentina o Ecuador), orientado a justificar el desmantelamiento acelerado del Estado Plurinacional, por más imperfecto que fuese, gestado tras las luchas históricas que dieron con él.
Hay que mencionar lo obvio, y es que las medidas anunciadas cumplen a la perfección la función del Estado burgués como instrumento de dominación de clase.
No obstante, acá como en el resto de los países del sur global, no se trata de una burguesía nacional con proyecto autónomo, sino de una burguesía subordinada al capital internacional, es decir, al imperialismo.
El decreto reproduce sin decoro ni mínima creatividad las recetas del capital financiero global y los organismos de crédito internacional. La «Emergencia Económica» declarada es en realidad, la necesidad del capital de expandirse para aumentar aún más sus tasas de ganancia, que fueron ínfimamente afectadas por políticas redistributivas previas, por muy muuuuuy limitadas que fueran.
El Régimen Extraordinario de Inversiones, que se encuentra en el Título II del capítulo II del decreto, es el núcleo del proyecto burgués de rapiña y neocolonial, porque ofrece «estabilidad jurídica» y tributaria por 15 años, contratos con «efecto normativo», y arbitraje internacional. O sea, todas las garantías para las ganancias de los multimillonarios; pero garantías para la estabilidad del precio del pan, ninguna.
Y que nadie diga que el Estado es incapaz de dar garantías. Por supuesto qué sí, el meollo es a quién y para qué.
Esto pues además de ser un acto de entreguismo abyecto, también representa una renuncia a la soberanía legislativa y judicial por muy ficticia que haya sido estos últimos años.
Las mal llamadas «inversiones estratégicas» que se concentran en sectores como la minería, hidrocarburos, y agroindustria, están precisamente en los sectores de extracción de recursos naturales y bienes comunes, entonces no solo continúa, sino que se intensifica el patrón de acumulación por desposesión y el extractivismo dependiente. La «Ventanilla Única» señalada en el decreto es un vulgar atajo para la entrega de nuestros recursos y soberanía.
El decreto ejecuta un ajuste estructural neoliberal clásico, pero dadas sus características, acelerado y con fuerza de ley, depositando el peso de la crisis sobre las clases populares.
El Título IV de Liberalización y Promoción de Exportaciones elimina el Certificado de Abastecimiento Interno, eso se puede ver en el artículo 51 del decreto. Lo que quiere decir esto es que se prioriza el mercado externo, de nuevo; las ganancias de la apátrida agroindustria sobre la soberanía alimentaria, sobre el hambre de los bolivianos.
Esto garantiza que los agroindustriales de carne y soya, principalmente, obtengan mayores ganancias vendiendo al exterior, mientras el mercado interno sufre desabastecimiento y, consecuentemente, precios altísimos. Es la ley del valor internacional subordinando aún más y deformando la poquísima producción interna.
El aumento de combustibles en un 83% en gasolina especial, y 163% en diésel, es un impuesto regresivo y un golpe inflacionario que va a encarecer toda la cadena productiva y obviamente de consumo. La «sostenibilidad fiscal» que parecería ser la muletilla discursiva de todos los neoliberales (más o menos bizarros), significa terminar con los subsidios que eran un beneficio social indirecto, para transferir ese ingreso brevemente a las arcas del Estado y, vía déficit reducido, garantizar el pago de deuda a los acreedores internacionales, al brazo financiero del imperialismo.
Esa es la lógica del FMI y del Banco Mundial, sacado del manual para países periférico dependientes: las clases populares pagan para que el capital financiero cobre.
Por otro lado, el Título VII que hace referencia al incremento del Salario Mínimo Nacional en un 20% y de la Renta Dignidad en un 43%, son concesiones superadas extensamente por la inflación provocada por las alzas de combustibles y la liberalización de exportaciones. La subida del salario mínimo es ficticia, por la inflación ahora los aguinaldos incluso valen menos de la mitad con respecto a su capacidad adquisitiva. Esta política solo tiene un objetivo desmovilizador y amortiguador al movimiento popular.
La narrativa detrás del decreto es un manifiesto neoliberal y antipopular. El llamado «Estado tranca» por estos esbirros, fortalece el relato de mostrar al Estado como secundario y prescindible, para disolverlo y entregar su soberanía a las manos de los poderes fácticos sin un contrapoder ni siquiera simbólico que defienda el interés nacional popular frente al capital.
Lo que llaman en el decreto y en sus discursos vacíos «burocracia asfixiante» eran, en muchos casos, controles sociales y ambientales, muy débiles, pero existentes. Su «eficiencia» significa eliminar trabas a la explotación indiscriminada.
La desregulación Productiva en el Título III del decreto significa la eliminación de autorizaciones previas de importación con SENAVEX. Esto no va a reactivar una industria nacional, por el contrario, se profundizará la desindustrialización y la dependencia de las importaciones, ahogando a la pequeña y mediana industria local. Es pues la ley del más fuerte del mercado mundial en la periferia con elementos de la superexplotación.
Finalmente, para sellar, las «auditorías exprés» son un instrumento de persecución política contra no solo las gestiones anteriores, sino también contra líderes de movimientos sociales. Su táctica es conseguir pequeños trofeos, «triunfos morales» para cimentar el terreno y dar paso a una intervención antipopular a mayor escala a través de la normalización de la persecución. El desarme moral es su apuesta.
Esto es la afirmación del poder en el poder dada la clásica alianza entre la burguesía compradora-financiera local, el agronegocio exportador y el capital transnacional extractivo. Lo cierto es que ellos sí tienen su proyecto estratégico claro: revertir el ciclo histórico de luchas populares que dieron con el Proceso de Cambio.
Por nuestra parte, las clases populares, ¿T}tenemos claridad del proyecto histórico? ¿Tenemos proyecto histórico? Para que el sujeto histórico vuelva a asumirse como tal, es necesario tener proyecto histórico. Esa es parte de la tarea.
Así a pocos días de navidad, el gobierno con precisión nos demuestra qué significa su slogan «capitalismo para todos» y para quién todavía no lo tenga claro, significa la intensificación de todos los eslabones de la cadena de la dependencia periférica: la extracción intensificada de recursos naturales por el capital transnacional, la repartija de excedentes entre los ricos garantizada, desindustrialización y reprimarización de la economía con la liberalización importadora, subordinación financiera al tener este nuevo régimen cambiario a gusto del mercado, y ajuste social regresivo para consolidar la transferencia de valor desde el trabajo hacia el capital.
Es la primera declaración de guerra formal a los sectores populares, a la clase trabajadora. Y la respuesta siempre han sido y serán las calles, dónde se gestan los horizontes, espacios que abandonamos con los años. Nos volveremos a encontrar.
Sara Valentina Enriquez Moldez.-
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