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Los expertos estiman que se debe flexibilizar el cobro máximo permitido por la ley para operaciones de crédito, para así bancarizar a segmentos de menores ingresos que hoy están en manos de prestamistas informales. Quienes impulsaron la medida en 2011 están divididos. En paralelo, el Ejecutivo está analizando los pros y contras, pero no hay una decisión tomada.