El ministro de Transportes, Louis de Grange, anunció que el Gobierno impulsará modificaciones a la implementación de la denominada Ley Uber, advirtiendo que el reglamento actualmente aprobado podría generar efectos negativos en el empleo y en el funcionamiento del sistema de transporte por aplicaciones.
Según una entrevista publicada por La Tercera, el secretario de Estado fue categórico al señalar que “el reglamento como estaba destruía la industria de las aplicaciones”, cuestionando el diseño de la normativa elaborada durante la administración anterior.
Impacto en conductores y usuarios
De acuerdo con lo expuesto por el ministro, uno de los principales problemas del reglamento es su impacto directo en la disponibilidad de conductores. La autoridad explicó que las exigencias podrían dejar fuera a una parte importante de quienes hoy operan en plataformas como Uber, afectando especialmente a quienes utilizan esta actividad como complemento de ingresos.
“El gran impacto que tenía el reglamento era sobre el empleo”, sostuvo, agregando que su aplicación estricta podría reducir significativamente la oferta de conductores, con efectos inmediatos en tarifas y tiempos de espera.
En esa línea, el ministro advirtió que en algunas comunas —particularmente en zonas periféricas o rurales— incluso podría verse comprometida la continuidad del servicio.
Restricciones cuestionadas
Entre los aspectos más criticados por la autoridad se encuentran:
- Exigencias técnicas sobre los vehículos (como cilindrada mínima)
- Limitaciones para operar entre distintas comunas
- Restricciones que podrían excluir hasta un 85% de los conductores actuales
Estas condiciones, según explicó, no solo encarecerían el servicio, sino que también generarían barreras de entrada que afectarían la competencia dentro del sector.
Revisión del reglamento
El reglamento ya fue aprobado por Contraloría, pero el Ejecutivo evalúa introducir ajustes antes de su plena implementación. Según el ministro, el texto “está prácticamente listo”, pero requiere revisión para evitar efectos adversos.
La autoridad también señaló que se está trabajando en conjunto con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y otros organismos para definir los cambios necesarios.
La meta del Gobierno, según explicó el titular de Transportes, es encontrar un equilibrio entre la regulación del sector y la mantención de un servicio accesible para los usuarios.
“El objetivo de la nueva versión del reglamento es evitar que un alto porcentaje de usuarios se vea afectado en su movilidad”, indicó.
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