– Por Diego Cabanillas
El Gobierno confirmó que expropiará 100 de las 215 hectáreas del terreno donde se ubica la megatoma de San Antonio, con el fin de desarrollar un proyecto habitacional definitivo para más de 3.700 familias que actualmente residen en el lugar. La decisión se adoptó luego de meses de negociaciones que no lograron un acuerdo entre los dueños del predio y los pobladores.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que durante este período se trabajó en una comisión técnica con representantes de los propietarios y del Minvu, además de apoyar a las familias en la conformación de 40 cooperativas para que pudieran adquirir el terreno de manera colectiva. Sin embargo, señaló que la negociación se estancó por el “precio exorbitante” solicitado por los dueños del predio.
“Hemos tomado la decisión de impulsar un proyecto habitacional que nos solicitaron las cooperativas, que sea una solución definitiva e integral para esos abuelos, padres y miles de niños”, indicó Montes.
El plan utilizará menos de la mitad de la actual megatoma, y considera que el Estado adquiera el terreno mientras los pobladores aportarán al financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad.
También confirmó que el Ejecutivo cumplirá las instrucciones judiciales relacionadas con el desalojo ordenado por la Corte, proceso que comenzará por los sectores que no serán adquiridos por el Estado.
Interior detalla razones de la medida y anuncia plan de desalojo
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, complementó el anuncio recordando que la expropiación es una herramienta legal utilizada de manera habitual en políticas públicas: “En los últimos años se han emitido 258 decretos de expropiación: 135 en la administración anterior y 123 durante la actual”, dijo.
Al mismo tiempo, informó que el Gobierno presentará a la Corte el plan de desalojo, que será ejecutado en paralelo al proceso de expropiación. Este incluye la habilitación de albergues por parte del municipio y la coordinación entre Carabineros y otras instituciones para garantizar un procedimiento seguro y ordenado.
El ministro enfatizó que se trata de un “esfuerzo enorme”, que requiere recursos, despliegue policial y coordinación con otras tareas de seguridad pública en la región. Los detalles del operativo se entregarán una vez que el informe sea presentado formalmente al Poder Judicial.
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