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Colombia acusa a Ecuador de incumplir órdenes de la CAN y rechaza “injerencia” en proceso electoral tras derogación de aranceles

Cancillería colombiana sostiene que la eliminación de las restricciones comerciales no responde a un gesto de buena voluntad, sino al cumplimiento obligatorio de resoluciones andinas, y advierte que vincular medidas económicas con coyunturas electorales afecta la confianza y la integración regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado oficial en respuesta al anuncio del Gobierno de Ecuador de eliminar, a partir del 1 de junio de 2026, las medidas arancelarias que mantenía sobre el comercio bilateral entre ambos países. La Cancillería colombiana sostuvo que dicha decisión no constituye una concesión voluntaria, sino el cumplimiento de obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

Según el Gobierno colombiano, la derogación de los aranceles responde a “órdenes perentorias” impartidas por la CAN para eliminar las restricciones comerciales que Ecuador había aplicado de manera unilateral. En ese contexto, Bogotá afirmó que atribuir esta medida a factores políticos o electorales “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede afectar la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones bilaterales.

La declaración agrega que las medidas implementadas por Ecuador fueron contrarias a los principios y obligaciones del ordenamiento jurídico andino, generando efectos sobre el comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas productivas y sociales de las comunidades fronterizas.

Colombia también destacó que la decisión ecuatoriana se produce en un escenario donde diversos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), habían advertido sobre los riesgos económicos asociados a la mantención de restricciones comerciales. De acuerdo con la Cancillería, dichas observaciones apuntaban a posibles impactos negativos sobre la actividad productiva, la competitividad, el bienestar de las comunidades fronterizas y el funcionamiento de los mercados.

El Gobierno colombiano señaló que el restablecimiento de las condiciones contempladas en la normativa andina constituye un paso relevante para preservar el proceso de integración regional, fortalecer la confianza mutua y consolidar las relaciones económicas entre ambos Estados. No obstante, manifestó preocupación por declaraciones públicas que, a su juicio, vinculan decisiones económicas y comerciales con dinámicas político-electorales.

En el comunicado, Colombia enfatizó que las medidas comerciales con efectos sobre trabajadores, productores, empresarios y comunidades fronterizas deben adoptarse exclusivamente sobre la base de criterios técnicos, jurídicos e institucionales. Asimismo, advirtió que la utilización de decisiones con consecuencias económicas y sociales significativas en contextos electorales puede generar incertidumbre y afectar la confianza entre los agentes económicos.

La Cancillería expresó además un “categórico rechazo” a lo que calificó como una presentación engañosa de la derogación de los aranceles, argumentando que la medida responde a exigencias de la CAN y no a una iniciativa unilateral del Gobierno ecuatoriano. Paralelamente, denunció una “deliberada injerencia” en el proceso electoral colombiano, señalando que la intervención de un mandatario extranjero en asuntos internos de otro Estado constituye una vulneración del principio de no intervención, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado contra el sistema democrático.

Finalmente, Colombia reafirmó que los asuntos comerciales y de integración deben mantenerse al margen de consideraciones político-electorales y ser gestionados con pleno respeto a la soberanía de los Estados y a los compromisos internacionales vigentes. En coherencia con la normalización anunciada por Ecuador, informó además que derogará las medidas adoptadas para contrarrestar las distorsiones generadas por las restricciones ecuatorianas, reafirmando así su compromiso con el libre comercio intracomunitario, la integración andina y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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