El Ciudadano
La Red de Observadoras en Justicia y Memoria y 82 organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado de Chile información sobre “el grave desmantelamiento de instituciones de derechos humanos, memoria y justicia” que se evidencia en el país, tras la llegada de José Kast a la Presidencia.
La medida que ejerce presión sobre el mandatario de ultraderecha, busca que con base en lo establecido en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente, realice el requerimiento a La Moneda.
A través de un comunicado público las agrupaciones plantearon que informaron a la CIDH sobre un conjunto de graves medidas administrativas adoptadas por la administración de Kast, desde el pasado 11 de marzo, que vulneran derechos fundamentales en Chile.
Kast busca desmantelar la institucionalidad de DD.HH., memoria y justicia
Entre los puntos más críticos se menciona la «eliminación de unidades especializadas en derechos humanos dentro del Estado«, tras el despido de Paulina Zamorano, Magdalena Garcés y Tamara Lagos, líderes operativas del Plan Nacional de Búsqueda de las más de 1.400 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Una medida se ejecutó mediante el argumento de la necesidad de «nuevos lineamientos» y una relación de «exclusiva confianza» con la administración de Kast.
Las organizaciones también cuestionaros los recortes presupuestarios. que ponen en jaque la continuidad del Programa de Derechos Humanos, que cumple funciones centrales en materia de verdad,. justicia y memoria: así como el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) y más de 140 programas sociales.
A esto se suma, la aplicación de “indultos pasivos”, mediante la omisión deliberada de la actuación judicial estatal, lo que a juicio de las agrupaciones, «facilita escenarios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad«.-
Cabe recordar que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) denunció recientemente que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, habría instruido a través de la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que los abogados del área se abstengan de intervenir en los recursos de amparo y en las solicitudes de rebaja de pena; lo que ha implicado el «desistimiento de las apelaciones ya interpuestas y la prohibición de alegar las causas en las que previamente se encontraban compareciendo».
También informaron a la CIDH sobre el «debilitamiento de las políticas de memoria», evidenciado en la paralización de iniciativas en sitios emblemáticos como Colonia Dignidad, luego de que el Gobierno de Kast anunciara la suspensión del proceso de expropiación que instruyó el expresidente Gabriel Boric y que afecta a 117 hectáreas del enclave alemán, que fue escenario de torturas y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, con la finalidad de convertirla en un sitio de memoria.
Retroceso en acceso a la justicia y garantías de no repetición
Las organizaciones advirtieron que estas decisiones configuran un grave retroceso que puede «comprometer las obligaciones internacionales de Chile, afectando en particular el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición«.
En el comunicado, tanto Red de Observadoras en Justicia y Memoria y las 82 organizaciones, plantearon que la solicitud presentada ante la CIDH y que calificaron de una “amplitud de convocatoria inédita”, evidencia una «preocupación transversal y urgente, frente a medidas que amenazan con desmantelar políticas públicas construidas durante décadas«.
Señalaron que confían en que la Comisión puedan verificar si las medidas aplicadas por Kast se ajustan a la normativa internacional vigente y a los estándares interamericanos, «especialmente en lo relativo a las obligaciones de garantía, no regresividad y justicia frente a graves violaciones«.
A continuación puedes acceder al comunicado público compartido por las 82 organizaciones.
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