El Ciudadano
La decisión paraliza una reforma que tardó 12 años en el Congreso y que buscaba agilizar los procesos en espera.
Este lunes 30 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia concretó el retiro del decreto reglamentario de la Ley 21.760 desde la Contraloría General de la República, suspendiendo indefinidamente la puesta en marcha de la normativa aprobada a mediados de 2025. La medida, tomada a sólo meses de que la ley debiera entrar en vigencia, deja en un limbo jurídico las nuevas reglas que pretendían modernizar un sistema caracterizado por esperas que llegan a superar los seis años.
Desde La Moneda, la ministra María Jesús Wulf descartó que la acción represente un retroceso, argumentando que el objetivo es actualizar los protocolos para que el país avance con mayor seriedad. Según el Gobierno, la facultad de retirar reglamentos es una herramienta administrativa estándar para las nuevas gestiones que buscan dejar su propio sello en la ejecución de las políticas públicas.
Sin embargo, la pausa administrativa también frena cambios estructurales profundos, como la eliminación de la prioridad a matrimonios por sobre personas solteras o convivientes civiles. La nueva ley establece que todos los tipos de familias evaluadas como idóneas puedan adoptar en igualdad de condiciones, enfocándose exclusivamente en quién es el candidato que mejor se ajusta a las necesidades específicas de cada niño o niña.
Otro de los pilares que queda suspendido es la reducción drástica de los plazos de revinculación familiar, fijando un máximo de 12 meses para determinar si un menor puede volver con su familia de origen. Actualmente, este proceso puede extenderse por casi una década, condenando a muchos infantes a crecer en residencias institucionales o familias de acogida sin una solución definitiva sobre su cuidado permanente.
La diputada Emilia Schneider reaccionó con dureza ante la noticia, vinculando la decisión a una resistencia ideológica por parte de la administración de turno. «Inaceptable que se demoren procesos tan relevantes, sobre todo para infantes, niños y niñas en Chile”, señaló la parlamentaria, añadiendo el cuestionamiento de si “¿acaso quieren retrasarla por sus sesgos conservadores?». Para Schneider, al ser una ley ya aprobada, su implementación debería ser una prioridad inmediata.
La incertidumbre ahora se traslada a cientos de familias y menores que esperaban el nuevo marco legal para concretar procesos de adopción más ágiles y humanos. Mientras el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, asegura que los reglamentos serán reingresados en un plazo de dos semanas, el frenazo administrativo deja en pausa una ley que buscaba duplicar las adopciones anuales en el país.
El retraso de esta voluntad política impacta directamente en quienes al día de hoy no pueden seguir esperando una burocracia eficiente para ejercer su derecho a vivir en familia.
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