El Ciudadano
El Gobierno de José Kast dio un paso que vuelve a tensar la histórica relación del Estado con los pueblos indígenas. A través de un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se modificó el presupuesto vigente 2026 y se aplicó una reducción de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Dentro de ese recorte aparece un punto especialmente sensible: $7.634 millones menos para la CONADI, específicamente para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
La diferencia no es menor. Ya no se trata solo de una advertencia en un anexo presupuestario ni de una señal futura sobre programas eventualmente arrinconados. Esta vez el ajuste está contenido en un decreto que mueve recursos del presupuesto en curso. Es decir, el recorte al Fondo de Tierras de CONADI dejó de ser una amenaza política y pasó a convertirse en una decisión administrativa concreta.
Y no hablamos de cualquier partida. El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas es una de las pocas herramientas que tiene el Estado para responder, aunque sea parcialmente y muchas veces tarde, a una demanda territorial que viene de muy lejos. Por eso el golpe presupuestario no puede leerse como un mero trámite contable: toca una herida histórica que sigue abierta.
Los datos duros del recorte
El decreto de Hacienda modifica el presupuesto vigente 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La reducción total alcanza los $32.721 millones.
- CONADI: $7.634 millones menos.
- Partida afectada: Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
- Peso del recorte a CONADI: cerca del 23% del ajuste total aplicado a Desarrollo Social.
- Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia: $12.748 millones menos.
- Instituto Nacional de la Juventud: $3.859 millones menos.
- Subsecretaría de la Niñez: $3.359 millones menos.
- Servicio Nacional de la Discapacidad: $1.135 millones menos.
- FOSIS: $750 millones menos.
- Servicio Nacional del Adulto Mayor: $318 millones menos.
Traducido: la tijera no cae solo sobre una institución, sino sobre áreas sensibles de la política social. En el caso de CONADI, golpea directamente una herramienta vinculada a la demanda territorial de los pueblos indígenas.
Una deuda histórica que no cabe en una planilla Excel
Para entender la gravedad del recorte hay que salir por un momento del lenguaje frío del presupuesto. Durante siglos, el pueblo mapuche ha sufrido el despojo de tierras, el desmembramiento de su pueblo, abusos, violencia y exterminio físico, político y cultural. Esa historia no terminó con la ocupación militar del territorio mapuche ni con la reducción forzada de comunidades. Sus consecuencias siguen presentes en la pobreza, la fragmentación territorial, la criminalización y la falta de respuestas efectivas del Estado.
Dicho con peras y manzanas: cuando una comunidad reclama tierras, no está pidiendo un favor. Está exigiendo una respuesta frente a un daño histórico en el que el propio Estado ha tenido responsabilidad. Y cuando el Estado recorta el fondo destinado a abordar esa demanda, no está simplemente “ordenando las cuentas”: está achicando una de las pocas vías institucionales disponibles para tramitar un conflicto que no ha sido resuelto.
Ese es el nudo político del decreto de Quiroz. Si el Estado reduce las herramientas para reparar, comprar, restituir o facilitar acceso a tierras, la demanda no desaparece. Lo que desaparece es parte de la capacidad institucional para enfrentarla. Y cuando se cierran caminos institucionales, lo que queda suele ser más tensión, más frustración y más distancia entre el Estado y los pueblos indígenas.
Recorte al Fondo de Tierras de CONADI golpea una salida institucional
El Fondo de Tierras y Aguas Indígenas cumple un rol clave porque conecta directamente con la demanda territorial. No es un programa decorativo ni una línea menor dentro del aparato público. Es una herramienta que permite financiar mecanismos de acceso a tierras y responder a problemas derivados de una historia marcada por títulos, reducciones, pérdida de territorio y promesas incumplidas.
Por eso, el recorte al Fondo de Tierras de CONADI tiene una lectura más profunda que el número. Los $7.634 millones menos significan menos margen para responder a comunidades que llevan años, a veces generaciones, esperando soluciones. También envían una señal política: en un momento donde la relación entre el Estado y los pueblos indígenas requiere más diálogo, más reparación y más voluntad, el Gobierno opta por pasar la tijera.
La jugada, además, se produce luego de que ya existiera preocupación por el lugar en que Hacienda venía ubicando al Fondo de Tierras en sus definiciones presupuestarias. La primera discusión apuntaba a un posible arrinconamiento futuro. Esta segunda capa muestra algo más duro: una reducción ya decretada sobre el presupuesto vigente.
Los otros recortes que aparecen en el documento
El decreto no afecta únicamente a CONADI. La reducción total al Ministerio de Desarrollo Social y Familia alcanza los $32.721 millones y golpea a distintas áreas sensible de la política social.
Entre los recortes consignados en el documento figuran $12.748 millones menos al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; $7.634 millones menos a CONADI; $3.859 millones menos al Instituto Nacional de la Juventud; $3.359 millones menos a la Subsecretaría de la Niñez; $1.494 millones menos a la Subsecretaría de Evaluación Social; $1.422 millones menos a la Subsecretaría de Servicios Sociales; $1.135 millones menos al Servicio Nacional de la Discapacidad; $750 millones menos al FOSIS; y $318 millones menos al Servicio Nacional del Adulto Mayor.
La tijera, entonces, no cae en cualquier parte. Cae sobre niñez, juventud, discapacidad, personas mayores, pobreza, protección social y pueblos indígenas. En ese mapa, el recorte a CONADI destaca porque toca directamente una demanda histórica: la tierra.
Menos recursos, más tensión con los pueblos indígenas
El Gobierno puede presentar estos movimientos como ajustes fiscales. Pero todo presupuesto expresa prioridades. Y cuando se recortan recursos al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, la señal es evidente: el Estado vuelve a retroceder en un ámbito donde nunca ha terminado de cumplir.
No se trata de sostener que este decreto crea el conflicto histórico entre el Estado y los pueblos indígenas. Ese conflicto viene de siglos de despojo, violencia, desmembramiento territorial y promesas incumplidas. Pero sí se puede afirmar que el Gobierno de Kast lo recalienta al debilitar una herramienta institucional destinada, precisamente, a buscar salidas.
En buen chileno: si el problema es una deuda histórica que sigue ardiendo, recortar el Fondo de Tierras no ayuda a apagar el fuego. Al contrario, le echa más bencina a una relación que requiere reparación, diálogo y soluciones concretas, no menos presupuesto.
Documento
A continuación, el decreto con que Hacienda modificó el presupuesto vigente 2026 y aplicó un recorte de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entre las partidas afectadas, como ya señalamos, aparece una especialmente sensible: $7.634 millones menos para la CONADI, específicamente para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
Recortes Ministerio de Desarrollo Social 2026 by lahuanche
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