El gobierno del Presidente Gabriel Boric ingresó este martes al Congreso un proyecto de ley que busca otorgar autonomía constitucional a la Defensoría Penal Pública (DPP), en el marco del aniversario número 25 desde la creación de la institución durante la implementación de la Reforma Procesal Penal.
La iniciativa propone consagrar a la Defensoría Penal Pública como un órgano autónomo de jerarquía constitucional y con patrimonio propio, encargado de proporcionar defensa jurídica a personas imputadas o acusadas que no cuenten con abogado.
Actualmente, el organismo funciona como un servicio público descentralizado bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
La defensora nacional, Verónica Encina Vera, valoró el ingreso del proyecto y afirmó que constituye un reconocimiento al trabajo realizado por la institución. “Es un paso adelante muy importante en el equilibrio y la igualdad de armas que requieren todos los organismos que intervienen en el sistema de justicia para garantizar que funcione y se haga una mejor justicia para la ciudadanía”, señaló.
Asimismo, destacó que “cumplir 25 años es una oportunidad para reconocer una labor esencial para la justicia y para el Estado de Derecho”. En esa línea, agregó que la defensa penal pública permite que “el derecho a defensa no sea una declaración abstracta, sino una realidad concreta para las personas en todo el país”.
El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en el Congreso, donde se discutirá la propuesta que busca fortalecer el rol institucional de la defensa pública dentro del sistema judicial.
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