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La decisión deja sin efecto el plazo original del 1 de agosto para transferir la administración de parques nacionales y reservas desde CONAF al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El gobierno detectó brechas operativas, problemas presupuestarios y deficiencias institucionales, mientras los guardaparques mantienen su estado de alerta a la espera de garantías laborales.