Madrid, 26 jul (EFE).- El Gobierno está ultimando el decreto ley que aprobará este martes para contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible, con medidas como la prórroga de dos años de los contratos que venzan antes del 30 de junio de 2028, la regulación del alquiler de temporada y de habitación y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta.
Está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente las medidas del decreto en su comparecencia del martes para hacer balance del curso político, tras la reunión del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo está apurando la negociación del texto con los grupos parlamentarios para intentar asegurarse que se pueda convalidar en el Congreso, pero de momento no cuenta con los votos imprescindibles de Podemos, que se niega a sentarse si éste incluye una reforma de la ley del suelo.
Coto al alquiler de temporada
Según el Ministerio de Vivienda, el decreto se estructura en dos bloques, el primero con un paquete de medidas para bajar el precio de los arrendamientos, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.
Este bloque incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitación, la prórroga extraordinaria de dos años, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.
La regulación del alquiler temporal es una reivindicación desde hace años de las organizaciones sociales y de inquilinos, que no ha prosperado hasta ahora en el Congreso por la oposición de Junts.
El Ejecutivo quiere incorporarlos al ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que obligará a justificar la causa de la temporalidad en los contratos y a tener una duración mínima y máxima, con el fin de que no se sigan usando fraudulentamente para eludir la normativa del alquiler habitual.
En cuanto a la prórroga de dos años de los contratos, se trata de la 'medida estrella' de Sumar, que tras forzar al PSOE el pasado marzo a aprobarla, vio como el Congreso la derogaba un mes después, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV.
Según sus cálculos, de estas dos prórrogas podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.
El decreto también recoge, según fuentes del Ejecutivo, un paquete de bonificaciones en el IRPF para los caseros que bajen el precio del alquiler.
Las deducciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros y personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para hacer frente a los gastos de la residencia o centro de salud son algunas de las exigencias de Junts para apoyar el decreto cuando se vote el Congreso.
Aunque la izquierda siempre ha rechazado este tipo de "regalos fiscales", Sumar ha accedido en esta ocasión a incorporarlos en aras del bien mayor que para ellos es sacar adelante el decreto.
El segundo bloque de medidas, dirigido a movilizar vivienda asequible, prevé un IVA general del 21 % para los alquileres turísticos, con el objetivo de desincentivar ese uso y empujar parte de esa oferta hacia el alquiler residencial.
En la actualidad los alojamientos turísticos solo pagan IVA si prestan servicios propios de la industria hotelera, en cuyo caso el tipo aplicable es el 10 %.
A propuesta de Bildu, el texto contempla asimismo un endurecimiento de las sanciones económicas a las plataformas que alquilen alojamientos turísticos sin licencia o número de registro, que podrían llegar al millón de euros.
El borrador de decreto también contempla modificaciones en la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas; una aspiración del PNV, del PSOE y de numerosos alcaldes de distinto signo político, incluido el PP, para agilizar planeamientos urbanísticos y evitar bloqueos por defectos menores o por litigios puramente formales.
Dichas modificaciones suponen, según el texto del borrador al que ha tenido acceso EFE, que solo ciertos vicios muy graves permitirían declarar nulo un instrumento urbanístico y que los planes no podrían ser anulados íntegramente por errores de forma que puedan subsanarse.
Para convalidar su decreto en el Congreso, el Ejecutivo necesita al menos la abstención de los cinco diputados de Podemos, que ya han advertido de que esa reforma de la ley del suelo es una "línea roja" para ellos, porque consideran que supone "abrir la puerta a más especulación y pelotazos urbanísticos".EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023549238)
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