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SEÑOR DIRECTOR:

La decisión de impedir por cinco años el acceso a la gratuidad en educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos graves abre una discusión que requiere mayor profundidad.

Quien comete un delito debe enfrentar las consecuencias que establece la ley. Ir más allá, estableciendo castigos adicionales, no solo resulta improcedente, sino que, en este caso, puede ser contraproducente, ya que la educación constituye una herramienta fundamental para una reinserción efectiva.

En muchos casos, las trayectorias delictivas están marcadas por desigualdades acumuladas, por trayectorias educativas incompletas y por la ausencia de herramientas para canalizar frustraciones dentro del marco social. Asimismo, es sabido que los procesos de reinserción no ocurren por inercia ni por mera voluntad: requieren oportunidades concretas, acompañamiento y condiciones reales de desarrollo.

Cerrar esa posibilidad durante cinco años limita el futuro de quienes buscan reinsertarse, de sus familias, de su entorno cercano y de la sociedad en su conjunto. Si la educación no está disponible como camino, difícilmente surgirán alternativas más efectivas para lograrlo.

Una sociedad que aspira a mayor seguridad no debilita sus mecanismos de reinserción. Por el contrario, los fortalece, entendiendo que educar no solo amplía oportunidades, sino que también es una de las herramientas más eficaces para prevenir la reincidencia y reconstruir comunidad.

Juan Escrig Murúa

Rector (s) Usach