Las principales asociaciones gremiales del Poder Judicial manifestaron su preocupación ante el plan de ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda, que contempla una rebaja transversal del 3% del gasto público, advirtiendo que la medida podría afectar el funcionamiento del sistema de justicia y el acceso de la ciudadanía a este servicio.

A través de una declaración conjunta, las organizaciones —ANEJUD, APRAJUD, ANCOT, ANFUCAPJ y OTJ— señalaron que la aplicación de este recorte, instruido mediante el Oficio Circular N°12 del 13 de marzo de 2026, no considera la naturaleza ni el rol constitucional del Poder Judicial, especialmente en lo relativo a la garantía del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Los gremios advirtieron que el sistema ya enfrenta un déficit de personal, derivado en gran parte de la implementación de leyes sin el correspondiente refuerzo de dotación, lo que ha generado sobrecarga laboral y dificultades en la tramitación de causas. En ese contexto, afirmaron que una reducción presupuestaria podría profundizar estos problemas, impactando directamente en la calidad del servicio.

“El sistema de justicia no constituye un servicio público cualquiera, sino una función esencial del Estado”, sostuvieron, agregando que su debilitamiento afecta el Estado de Derecho, la protección de los derechos fundamentales y la confianza en las instituciones.

Asimismo, alertaron que el ajuste tendría un carácter permanente, lo que configuraría un nuevo estándar de funcionamiento con efectos que podrían ser difíciles de revertir en el corto y mediano plazo.

Desde las asociaciones también se enfatizó que la reducción de recursos incidiría en áreas especialmente sensibles, como infancia, familia, violencia, relaciones laborales y criminalidad, donde la carga de trabajo y la complejidad técnica son elevadas. Además, advirtieron que la medida podría deteriorar las condiciones laborales de funcionarios y funcionarias, afectando su salud física y mental.

Frente a este escenario, los gremios plantearon que el ajuste fiscal no puede implementarse sin un análisis diferenciado para el Poder Judicial, y advirtieron que recortes que afecten su capacidad operativa comprometen directamente el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.

En esa línea, solicitaron al Ejecutivo revisar la aplicación de la rebaja presupuestaria e incorporar criterios de diferenciación institucional, resguardando especialmente los recursos destinados al personal. También hicieron un llamado a la Corte Suprema de Chile a ejercer su rol de jefatura superior, evaluando el impacto de estas medidas y adoptando acciones para proteger la función jurisdiccional y las condiciones laborales.

Finalmente, las asociaciones expresaron su disposición a participar en un diálogo que permita compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la continuidad y calidad del servicio de justicia, aunque advirtieron que “no es posible fortalecer el Estado de Derecho debilitando uno de sus pilares fundamentales”.