Madrid, 6 jul (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha remitido a la ministra de Defensa una queja formal en la que reclama que se aplique al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, imputado en el caso Leire, el mismo criterio disciplinario que al resto de agentes.
El escrito remitido a Margarita Robles responde a la resolución del Ministerio de Defensa en la que acuerda no incoar expediente disciplinario ni adoptar medida cautelar alguna al DAO, pese a que la Audiencia Nacional le ha imputado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, a instancia de la propia Fiscalía Anticorrupción, ha informado la asociación.
Defensa lo fundamenta en la preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa sancionadora, un argumento, según la AUGC, que la jurisdicción militar rechaza de forma reiterada cuando lo invocan los guardias civiles de base para oponerse a su propio cese cautelar.
La AUGC solicita a la ministra que reconsidere la resolución y se adopten con carácter general las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato en la aplicación del régimen disciplinario, y que se dé respuesta motivada y expresa a esta queja institucional.
La asociación recuerda que, ante una simple denuncia, un atestado o un auto judicial que atribuye la condición de investigado, a los agentes de las escalas básicas se les incoa expediente y se les cesa cautelarmente en funciones por el plazo máximo de tres meses previsto en la ley de Régimen Disciplinario.
Para esta asociación, el DAO, como máximo mando uniformado del instituto armado, está sometido, si cabe con mayor rigor, a los mismos principios de disciplina y dignidad que rigen para el último guardia de un puesto rural.
El escrito advierte, además, del creciente daño institucional, la pérdida de confianza de los guardias civiles que genera esta desigualdad de trato y recuerda que esta queja se enmarca en la línea que AUGC mantiene desde la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
La asociación fue la primera en solicitar la personación en la causa como acusación popular, una petición que continúa pendiente de resolverse. EFE
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