Hasta ocho años de cárcel para montachoques, proponen diputados

Hasta ocho años de cárcel para montachoques, proponen diputados

Las penas podrían incrementarse hasta en un 50% si se emplea violencia física o si se comete de manera organizada con la participación de dos o más personas

En los últimos años el fraude por colisión vehicular, conocido popularmente como “monta choques”, ha registrado un preocupante aumento en diversas regiones de México, particularmente en el Estado de México, donde municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca y Zinacantepec presentan una alta incidencia de este delito, por lo que la Cámara de Diputados ya plantea penas más severas para quienes cometen este tipo de extorsión.

Actualmente este tipo de delitos no está tipificado de manera específica en el Código Penal Federal, lo que limita la capacidad de las autoridades para perseguir y sancionar a los responsables de manera eficaz; por ello, es necesaria establecer un marco normativo adecuado que permita sancionar el delito, prevenir su comisión y brindar protección a las víctimas.

Frente a esta problemática, el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de tipificar este delito y establecer sanciones severas.

De acuerdo con la propuesta, el delito de fraude por colisión vehicular sería cometido por quienes, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, provoquen de manera intencional un accidente de tránsito.

Este acto busca engañar, amenazar o extorsionar a las víctimas para obtener dinero u otros bienes. La iniciativa plantea imponer penas de entre 4 y 8 años de prisión, además de multas que oscilan entre 500 y 1.000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos de aproximadamente 51 mil 870 a 103 mil 740 pesos.

Las penas aumentarán si existe violencia en el delito de montachoques

La propuesta legislativa también contempla un aumento de las sanciones en situaciones agravantes. Según el documento, las penas podrían incrementarse hasta en un 50% si se emplea violencia física o moral contra la víctima, si el delito se comete de manera organizada con la participación de dos o más personas, si se utilizan documentos o identidades falsas para facilitar la comisión del delito, o si un servidor público está involucrado.

En este último caso, además de la pena correspondiente, el funcionario sería inhabilitado para ocupar cargos públicos durante un período de cinco años.

Según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 95 casos registrados en lo que va del año.

Además de las sanciones penales, la iniciativa propone medidas preventivas y de apoyo a las víctimas. Según el texto presentado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con autoridades estatales y municipales, deberá implementar campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía.

Estas campañas buscarán informar sobre los riesgos asociados al fraude por colisión vehicular y las medidas de protección que los automovilistas pueden adoptar.

Asimismo, las autoridades responsables de la seguridad vial deberán establecer protocolos de atención para quienes sean víctimas de este delito. Estos protocolos garantizarán la protección de los automovilistas y facilitarán el acceso a la denuncia en condiciones seguras, con el fin de fomentar una mayor participación ciudadana en la persecución de estos delitos.

Según información del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, entre 2020 y julio de 2023 se recibieron 67 reportes relacionados con este tipo de extorsiones.

Sin embargo, se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la falta de denuncias. Muchas víctimas optan por no proceder legalmente por temor a represalias, lo que dificulta la acción de las autoridades y perpetúa la impunidad.

El Estado de México ha sido identificado como una de las entidades más afectadas por este delito, aunque no es la única región en la que se ha detectado su práctica. Según el legislador,