La diputada puso como ejemplos las modificaciones que se quieren hacer en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -que incluyen su eliminación-, las medidas en torno del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y la unidad sobre adopciones ilegales, y proyectos como el registro de vándalos. Respecto al marco en que la derecha, la extrema derecha y el gobierno plantean medidas en DDHH, la legisladora hizo ver que “no han desarrollado ni conocimientos ni capacidades en este tema” y lo graficó en que “no tienen en cuenta que desmantelar o debilitar el INDH no sólo significa dejar a ciudadanos y ciudadanas sin protección y sin voz, sino que se arriesgan a un descredito internacional”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. 19/7/2026. La diputada Lorena Fries Monleón (Frente Amplio), conoce de cerca, y hace tiempo, el tema de derechos humanos. Fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos, en el gobierno de Michelle Bachelet. Ejerció como directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2010, y fue reelecta por dos períodos, entre 2013 y 2016. En la actualidad, tiene motivos de sobra para estar preocupada por la situación de DDHH que vive el país.
Se comenzó a hablar de un proyecto de ley que presentaría el gobierno en relación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y específicamente legisladores y legisladoras de la Unión Demócrata Independiente y del Partido Nacional Libertario, plantearon que ese proyecto debe ser para eliminar el INDH.
No se necesita pensar mucho para darse cuenta que hay un sector en el país, de ultraderecha, que efectivamente quiere eliminar el INDH, porque lo asume como un bastión de la izquierda, que no lo es, porque es una institución pública y autónoma, que se rige por principios internacionales y lo que hace es intervenir en la vida pública tanto con acciones legales como con recomendaciones para, justamente, buscar que se respeten y no se violen los derechos humanos de chilenas y chilenos. Pero como ese sector, y sus legisladores, viven en el pasado, vinculan al Instituto a partidos políticos de izquierda, con quienes quieren que se atiendan las violaciones graves y sistemáticas cometidas durante la dictadura y, por lo tanto, ven al Instituto como un adversario, como un enemigo, y ven al Estado como lo llamo, “estado de autor”, es decir, un Estado que tiene que pensar como yo pienso.
¿Plantear eliminar el INDH es una regresión de alto vuelo en Chile cuando internacionalmente se busca reforzar los organismos de derechos humanos?
Creo que sí, que en el caso de Chile tiene características especiales porque es una regresión nostálgica a la época de la dictadura donde el concepto de derechos humanos era un concepto enemigo, cuando sabemos que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. Pero mire, es lo que estamos viendo en varios planos, con esta megareforma económica que afecta derechos, con los planes de seguridad enfatizando el orden público más que la real seguridad en términos de combatir distintos tipos de delitos. Hay una regresión, teñida de la derrota democrática impulsada por el pinochetismo, por un tipo de restauración antidemocrática, con ideas de que las democracias sirven para ser elegidos, para después comenzar a desmantelar las instituciones democráticas. Eso tiene que ver con la pretendida restauración de cierto orden del papel de hombres y mujeres, una fobia a las diversidades sexuales, y un cuestionamiento a las expresiones sociales, de la sociedad.
Es que desde el conservadurismo se insiste en plantear que el INDH está deslegitimado, que no es imparcial, que obedece a la izquierda, que actúa en contra de las policías y los agentes del Estado, que lo componen gente con posiciones políticas. Por ahí va el conjunto de argumentos de la derecha y la extrema derecha.
Por lo bajo es ignorancia, y por lo alto es mala intención. Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos no da opiniones políticas, sus marcos están claramente establecidos, se rige por la Constitución y las leyes, por los tratados internacionales, sus funciones son bien acotadas en términos de intervención. Es una voz pública que se para desde estándares de derechos humanos y que representa a los ciudadanos y ciudadanas frente al abuso de poder, de violación a los derechos humanos, de lo cual no está libre ninguna democracia. Por lo tanto, me parece que esas posiciones que se presentan no es comprender el marco que rige al Instituto. Cuestionar su composición, que está hecha de acuerdo a los Principios de París, que establecen que este no es un órgano gubernamental y por lo tanto deben estar representadas en el las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humamos, expertos que trabajan en la materia, y eso les molesta. Y siempre les digo que no hay límites para que estén representadas organizaciones de derechos humanos de la derecha, que el mundo de la derecha en materia de derechos humanos sea incorporado, y que tengan candidatos al consejo del Instituto, pero el problema es que el tema no les interesa, no sé si tengan esas organizaciones, no han desarrollado ni conocimientos ni capacidades en este tema.
Volviendo al proyecto que se presentaría, ¿qué información tiene de los contenidos que le daría el gobierno?
Tenemos poca información, ha sido bien hermético el gobierno en esta materia. Paralelamente hay dos proyectos de modificación al INDH. Uno presentado por Renovación Nacional que está en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y el otro presentado en el Senado también por la derecha, y viene este tercero que, supongo, trataría de hacer una síntesis. Pero lo que no tienen en cuenta esos sectores y el actual gobierno, que desmantelar o debilitar el INDH no sólo significa dejar a ciudadanos y ciudadanas sin protección y sin voz, sino que se arriesgan a un descredito internacional, porque el Instituto tiene las más alta acreditaciones respecto de autonomía, independencia e imparcialidad.
En este marco se produjo una polémica por posiciones del INDH respecto al Registro de Vándalos que quiere montar el gobierno, lo que incluye a quienes pinten o rayen muros o lugares públicos, y se mencionó un documento del Instituto donde se señaló que eso podría tomarse para “criminalizar la expresión artística”, con normativas no muy claras. Y el Ministro de Seguridad dijo que desde el INDH se estaba “romantizando el vandalismo”.
Lo primero que decir, es que el Instituto actuó dentro de sus facultades, que es comentar proyectos de ley desde una perspectiva de garantías fundamentales y de tratados internacionales de derechos humanos. A veces la memoria es corta, y quiero decir que desde que nació el Instituto, está presente en el Parlamento, y en su momento se analizó el rol del INDH en el trabajo legislativo y tuvo una muy alta evaluación por la calidad técnica de sus recomendaciones. En esa calidad, se hizo el informe sobre la ley para crear un registro de vándalos y el punto es que no es sólo el Instituto el que ha establecido recomendaciones, sino que se hicieron desde muchos sectores, incluso integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara encuentran que no es un buen texto, porque parece que lo hizo alguien que no conoce de leyes, donde se mezclan faltas con delitos -que no es lo mismo-, donde los tipos penales son muy amplios y por tanto un juez podría estar perdido para sancionar, donde la proporcionalidad de las penas -que no es un capricho, sino un principio del derecho penal-, no está considerada. Hay muchas cosas o circunstancias que no se explicitan y entonces en la falta o delito puede caber cualquier situación que no necesariamente sea vandalismo. El Instituto lo que hizo fue criticar el proyecto desde la perspectiva de derechos humanos, sumándose al coro de voces que están en contra de este proyecto.
¿El registro de vándalos y de incivilidades puede abrir una puerta al no respeto de derechos humanos de las personas?
Sí. Y no sólo ese proyecto. Ya estamos viendo un conjunto de proyectos, como el de “escuelas protegidas”, el de responsabilidad penal adolescente, y que contienen normas contrarias al cuidado y respeto de los derechos humanos, en el corto tiempo de este gobierno estamos asistiendo al desmantelamiento de unidades que buscaban reparar situaciones de violaciones a los derechos humanos. Este proyecto de los vándalos, es una manifestación más de un gobierno que podrá decir que respeta los derechos humanos, pero cada vez que puede, lo que dice lo deshace en la práctica.
¿En esa línea, advierte un posible deterioro de las políticas de derechos humanos en este gobierno?
De todas maneras, eso es un hecho, eso se está viendo. Hay un deterioro en las políticas de derechos humanos. Se vio, para dar un ejemplo, en los cambios en el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Un gobierno tiene derecho a cambiar funcionarios, pero en ese plan, la especialización que está dada por años de trabajo en la materia, es fundamental, y sacar a la gente que tiene esa especialización, fue un retroceso. Lo mismo diría de la unidad de búsqueda y origen de familia de personas que fueron adoptadas ilegalmente, cuando eran menores de edad, adoptadas de manera forzada e irregular, y que fue terminada a dos meses de haber sido creada. Lo mismo, para no dejar los derechos humanos reducidos al pasado, con el recorte de ministerios, donde en el caso de salud le quitan más de 400 mil millones de pesos, y miles de millones menos para educación, para vivienda, afectando derechos de ciudadanos y ciudadanas. En este gobierno hay una evidente afectación en materia de derechos humanos. La alerta que hay que hacer, es que no puede haber retrocesos en derechos ya reconocidos y que se ejercen.
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