Las grabaciones difundidas por el sitio Honduras-gate y amplificadas por distintos medios internacionales describen presuntas coordinaciones entre actores políticos hondureños, operadores estadounidenses y redes vinculadas a Israel para impulsar campañas de desinformación y desestabilización contra gobiernos progresistas de la región, particularmente México y Colombia.
Javier Albornoz. Miembro Comisión Política del Partido Comunista. Santiago. 11/5/2026. El llamado “Honduras-gate” no debe entenderse únicamente como un escándalo político hondureño ni como una simple filtración de audios. Lo que comienza a emerger detrás de las denuncias conocidas durante las últimas semanas revela algo mucho más profundo: la continuidad de una estrategia de intervención política, económica y comunicacional sobre América Latina impulsada por sectores de poder ligados a Estados Unidos y sus aliados.
Las grabaciones difundidas por el sitio Honduras-gate y amplificadas por distintos medios internacionales describen presuntas coordinaciones entre actores políticos hondureños, operadores estadounidenses y redes vinculadas a Israel para impulsar campañas de desinformación y desestabilización contra gobiernos progresistas de la región, particularmente México y Colombia.
Más allá de la discusión técnica sobre la autenticidad total de los audios, el caso vuelve a instalar una pregunta de fondo: cuánto pesan hoy las operaciones internacionales en la política latinoamericana y cuánto de la soberanía regional sigue condicionada por intereses externos.
La historia de América Latina enseña que cuando los pueblos intentan avanzar en soberanía política, control de recursos naturales, fortalecimiento del Estado o integración regional, las respuestas del imperialismo no tardan en aparecer. A veces mediante presión diplomática y financiera; otras mediante campañas mediáticas, lawfare, financiamiento encubierto de fuerzas opositoras o desinformación digital. Y cuando esos mecanismos no bastan, la intervención militar nunca desaparece completamente del horizonte.
Pensar que los golpes de Estado y las operaciones de injerencia quedaron en el pasado sería una ingenuidad peligrosa.
Ahí están las intervenciones directas de Estados Unidos en Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Panamá en 1989 o Granada en 1983. Ahí están también el respaldo al golpe militar en Chile en 1973, la Operación Cóndor coordinada en el Cono Sur y el financiamiento de grupos armados en Centroamérica durante la Guerra Fría.
En Honduras, el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya marcó uno de los puntos de reinicio de esta ofensiva continental. Bajo un discurso institucionalista se interrumpió violentamente un proceso político que buscaba mayores márgenes de autonomía regional y acercamiento a los gobiernos progresistas latinoamericanos.
La ofensiva contra Venezuela es quizás uno de los ejemplos más claros de esta estrategia continental. Desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, el país enfrentó golpes de Estado, bloqueo económico, sanciones financieras, sabotajes y campañas permanentes de desestabilización. Con Maduro la ofensiva cruzó todos los límites: en enero de 2026 Estados Unidos ejecutó una operación militar en territorio venezolano que terminó con el secuestro del presidente venezolano y su traslado forzado a Nueva York, donde permanece encarcelado. Para amplios sectores latinoamericanos, aquello constituyó una violación abierta a la soberanía venezolana y una señal de que Washington sigue utilizando la fuerza cuando considera amenazados sus intereses estratégicos.
También resulta imposible hablar de Honduras-gate sin recordar la figura del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, símbolo del nivel de descomposición política que vivió ese país durante años. Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, acusado de utilizar el aparato estatal hondureño para facilitar el tráfico de cocaína mientras se presentaba como aliado estratégico de Washington en la llamada “guerra contra las drogas”. Posteriormente fue indultado durante el nuevo ciclo político encabezado por Donald Trump, en medio de fuertes cuestionamientos y sospechas sobre negociaciones políticas de alto nivel.
Las filtraciones conocidas sostienen incluso que Hernández habría asumido un rol de operador regional en coordinación con sectores conservadores latinoamericanos, articulando campañas de noticias falsas y presión política contra gobiernos progresistas.
Pero el problema de fondo no es solamente Honduras
Nuestra región posee algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobre, petróleo, biodiversidad y agua dulce. El litio sudamericano, el cobre chileno, el petróleo venezolano, la Amazonía y los corredores energéticos convierten a América Latina en un territorio estratégico para las grandes potencias en medio de la disputa global entre Estados Unidos y China.
A eso se suma otro elemento central: la mano de obra barata y los mercados regionales.
Por eso las formas de intervención se diversifican. Hoy la guerra híbrida combina campañas de desinformación, manipulación algorítmica, bots, espionaje digital, lawfare, financiamiento encubierto y presión económica. Pero tampoco puede descartarse la dimensión militar.
Estados Unidos mantiene presencia militar permanente en distintos puntos de América Latina mediante acuerdos de seguridad, cooperación militar y bases estratégicas. A eso se suma el creciente rol de Israel como proveedor de tecnología de vigilancia, software de espionaje y sistemas de control utilizados por gobiernos y fuerzas de seguridad de la región.
Muchas de esas tecnologías, probadas previamente sobre población palestina, terminan siendo exportadas a América Latina bajo el argumento del combate al narcotráfico o la seguridad interior.
La lógica es conocida: primero se construye el enemigo interno, luego se instala el caos, la desinformación o la crisis institucional y finalmente aparecen las “soluciones excepcionales”.
América Latina conoce demasiado bien ese libreto.
Por eso Honduras-gate no es solo una polémica pasajera. Es una señal de alerta para toda la región. Porque detrás de cada operación mediática, de cada campaña de desinformación y de cada intento de desestabilización sigue existiendo una vieja disputa histórica: la pelea entre quienes quieren una América Latina subordinada al capital transnacional y quienes defienden el derecho de los pueblos a construir un destino soberano, democrático y justo.
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