El Ciudadano
Con una de las más recientes declaraciones del presidente José Kast, quien cuestionó la protección de los humedales señalando que “cualquier lugar húmedo podría ser considerado un humedal”, el debate sobre estos ecosistemas volvió a instalarse en el centro de la polémica nacional.
Cabe destacar que los humedales cumplen un rol fundamental para el equilibrio ambiental y la vida humana, ya que ayudan a regular inundaciones, almacenar agua dulce, capturar carbono y resguardar una gran diversidad de especies, convirtiéndose en ecosistemas esenciales para la sostenibilidad.
Sin embargo, la discusión sobre la protección de humedales en Chile no es nueva. Durante años, distintas comunidades y organizaciones ambientales han impulsado acciones judiciales y movilizaciones para frenar proyectos inmobiliarios y urbanizaciones en zonas ecológicamente sensibles.
Uno de estos casos es el del Humedal Llantén en Puerto Montt, donde la Agrupación por los Humedales Gayi, vecinos del sector y el Colegio Da Vinci, demandaron a la inmobiliaria GPR por la destrucción del humedal.
Según denunciaron vecinos, se realizaron intervenciones para drenar el humedal mediante excavaciones que desviaron el flujo de agua hacia las cercanías del establecimiento educacional. Debido a que el colegio estaba emplazado en una cota más baja, las aguas escurrieron naturalmente hacia el recinto y también afectaron a viviendas construidas sobre el mismo humedal, provocando inundaciones que incluso ingresaron al interior de las casas.
La batalla judicial que enfrentó a vecinos e inmobiliarias
Para entender mejor el conflicto, es relevante precisar que el humedal Llantén está emplazado en el sector Jardín Austral de Puerto Montt, una zona marcada por el crecimiento urbano de la ciudad, situación que durante años generó presión inmobiliaria sobre el ecosistema.
Se trata de un ecosistema de tipo palustre que, pese al deterioro provocado por proyectos inmobiliarios y obras de infraestructura, todavía conserva vegetación nativa y una importante presencia de fauna vertebrada en comparación con otros humedales urbanos de la comuna.
La comunidad de Puerto Montt pasó años presentando cartas y reclamos por los daños que afectaban al humedal a raíz de intervenciones irregulares realizadas por inmobiliarias y particulares, en medio de una escasa respuesta por parte de organismos estatales y autoridades regionales.
Las movilizaciones organizadas por la junta de vecinos Jardín Oriente III del sector y la Agrupación Gayi, desde 2015 impulsaron reiteradas denuncias ante distintas instituciones públicas —entre ellas la Contraloría, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Municipalidad de Puerto Montt, el SERVIU y el SAG— con el objetivo de impulsar medidas de protección para el humedal, aunque sin obtener respuestas efectivas.
En ese contexto, durante el segundo semestre de 2017, vecinos afectados por las inundaciones junto a la Junta de Vecinos Jardín Oriente presentaron un recurso de protección ante la justicia contra las inmobiliarias GPR y Socovesa, además del SERVIU, acusando intervenciones sobre el humedal para habilitar proyectos habitacionales.
La acción judicial denunciaba que Inmobiliaria GPR excavó una extensa zanja de drenaje para secar parte del humedal y habilitar terrenos destinados a proyectos inmobiliarios. Según los recurrentes, esta intervención desvió las aguas hacia los terrenos del Colegio Da Vinci y sectores residenciales cercanos, provocando anegamientos recurrentes durante las lluvias.
En el caso de Socovesa, los vecinos acusaron que la empresa mantenía piscinas de acumulación de aguas lluvias que terminaron colapsando debido a las alteraciones del humedal, empeorando las inundaciones en viviendas y en el establecimiento educacional.
Respecto al SERVIU y otros organismos públicos, los denunciantes apuntaron a una falta de coordinación y fiscalización, acusando que se autorizaron construcciones e intervenciones en un ecosistema que cumplía funciones clave para el drenaje natural de aguas lluvias en Puerto Montt.
Aunque la Corte de Apelaciones rechazó inicialmente el recurso, la Corte Suprema lo acogió en 2018, estableciendo que el humedal debía ser protegido por su valor ambiental, aun cuando no contara con reconocimiento oficial como sitio protegido. Además, el fallo cuestionó la actuación de las autoridades y sostuvo que la protección del ecosistema debía prevalecer frente a intereses inmobiliarios y económicos.
El caso se transformó en uno de los precedentes judiciales más relevantes sobre protección de humedales urbanos en Chile, ya que la Corte Suprema reconoció el valor ecosistémico del humedal Llantén pese a que no contaba con protección internacional bajo la Convención Ramsar.
El costo judicial y ambiental de intervenir el humedal
Posteriormente en septiembre de 2022, la Dirección General de Aguas (DGA) de Los Lagos multó a la inmobiliaria GPR por un monto de 500 UTM por intervenir el humedal a través de la construcción de una zanja de cerca de 350 metros que drenaba el ecosistema hacía las cercanías del Colegio Da Vinci.
El organismo determinó que las obras fueron ejecutadas sin autorización y que afectaron gravemente la capacidad del humedal para almacenar agua, poniendo en riesgo a la población y reduciendo la disponibilidad del recurso hídrico.
Además de la sanción económica, la inmobiliaria tuvo que cerrar la zanja y presentar un proyecto de modificación de cauce con el fin de restaurar el terreno. El caso también llegó a la Corte Suprema, que ordenó adoptar medidas de protección para el humedal mientras se evaluaban los impactos ambientales.
Más tarde, la Seremi de Medio Ambiente solicitó que se realicen nuevos estudios hidráulicos a causa del deterioro progresivo del espejo de agua y el peligro de inundaciones en zonas pobladas cercanas.
Años después, en septiembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt impuso una multa de $330 mil a la inmobiliaria GPR por no cumplir con las medidas ordenadas por la justicia para proteger el humedal Llantén.
El caso se transformó en uno de los ejemplos más visibles de cómo las intervenciones inmobiliarias sobre humedales urbanos pueden derivar en conflictos judiciales, sanciones ambientales y riesgos directos para las comunidades que habitan estos territorios.
Biodiversidad, inundaciones y presión inmobiliaria
Como mencionamos anteriormente, el Humedal Llantén se encuentra en una zona de gran interés para el crecimiento urbano de Puerto Montt. Aunque ha sido impactado por el avance inmobiliario y distintas obras urbanas, el humedal aún mantiene vegetación nativa y biodiversidad relevante dentro de la ciudad.
El ecosistema alberga una importante diversidad biológica, incluyendo aves, anfibios y distintas especies características de los humedales del sur de Chile. Pero su importancia no radica solo en su valor ecológico, sino que es un ecosistema clave en la regulación natural de aguas lluvias y mitigación de inundaciones, actuando como una especie de esponja natural ante eventos climáticos intensos.
Por lo anterior, vecinos y organizaciones ambientales han advertido durante años que las intervenciones sobre el humedal no solo afectan la biodiversidad de la zona, sino que también aumentan el riesgo para quienes viven en comunidades aledañas.
En esa línea, diversos informes técnicos y estudios encargados por la Municipalidad de Puerto Montt concluyeron que Llantén corresponde efectivamente a un humedal natural, lo que descartó versiones de inmobiliarias que atribuían la acumulación de agua a causas artificiales o antrópicas.
Para las organizaciones ambientales y comunidades locales, el caso del humedal Llantén se transformó en un símbolo de cómo el avance inmobiliario sobre ecosistemas urbanos puede derivar en daños ambientales, inundaciones y extensos conflictos judiciales.
Todo esto en un escenario donde las recientes declaraciones del gobierno de José Kast, cuestionando la protección de los humedales, han vuelto a encender las alertas sobre el futuro de estos ecosistemas y el rol que tendrá el Estado en su resguardo.
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