SEÑOR DIRECTOR:
OpenAI reconoció hace algunas semanas que, en pruebas de ciberseguridad realizadas en julio, agentes de inteligencia artificial burlaron los entornos aislados en que debían operar y coordinaron un ataque contra Hugging Face.
La semana pasada, informes independientes de METR y Redwood Research revelaron que el episodio fue mucho más grave: cerca de 1.200 agentes burlaron esos entornos, se comunicaron entre sí en un foro no autorizado, intercambiaron cerca de 70.000 mensajes y archivos, y falsificaron sus registros de actividad para ocultar su comportamiento y aprobar las evaluaciones que los medían. Es decir, agentes que, enfrentados a tareas que no podían resolver, optaron por hacer trampa, engañar a quienes los observaban, coordinarse y encubrirlo todo.
Esto demuestra, una vez más, que las grandes empresas que desarrollan estas tecnologías avanzan sin control y compitiendo vorazmente por dominar un mercado sin escrúpulos. Frente a ello, se requiere con urgencia una cruzada internacional que las detenga: un marco regulatorio vinculante con estándares de transparencia, auditorías obligatorias y responsabilidad legal exigible, similar en ambición a los acuerdos nucleares o climáticos.
Y en el caso de Chile, acelerar la ley de inteligencia artificial, fortalecer a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, exigir estándares de auditoría y reporte de incidentes, profundizar la investigación del impacto de la IA desde las ciencias sociales, y participar activamente en los foros internacionales donde se definen las reglas.
La protección de los chilenos no puede depender de la buena voluntad de compañías extranjeras. Hay que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Carlos Figueroa
Aysén Etcheverry
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