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A la mentalidad de izquierda, por lo menos en su versión latinoamericana, no le gustan las reglas. Imbuidos de una visión pesimista del ser humano, creen que la sociedad entregada al libre accionar de las personas produce estructuras injustas. Los poderosos oprimen y abusan de la mayoría más débil. Eso, que debiera llevar precisamente a creer en el imperio de la ley, se ve oscurecido por su impresión de que también las normas son expresión del poder abusivo de la clase dirigente. Los capitalistas, decía el viejo Marx.

La democracia, lamentablemente, cae dentro de la misma sospecha fatal. Por eso, apenas pueden, la denuncian como “formal” y promueven una versión diferente, esa que en el siglo pasado llamaban popular y que ahora, con un toque intelectual con perfume woke, definen como “sustantiva”. Así, el gobierno no lo conciben como el ejercicio normado del poder, esencialmente limitado y responsable, sino como un ejercicio cuasi mesiánico en que el aparato burocrático que llamamos Estado tiene que impartir justicia, de acuerdo con su particular concepción -la de ellos- de lo que eso es.

¿Y la libertad? No existe. En verdad, nadie elige prácticamente nada, la existencia humana está determinada por las condiciones materiales, incluso biológicas. El mérito, que asociamos al esfuerzo y la capacidad de obtener el mayor provecho del talento, no existe; como tampoco aquel que delinque y daña, es verdaderamente responsable. En el fondo del primero ven a un privilegiado y del segundo, a una víctima.

Por esto es que no es tan paradojal, ni tampoco sorprende, la contradicción que existe en la forma que las autoridades del gobierno anterior aplicaron y fiscalizaron el cumplimiento de las normas que permitieron el ingreso de cientos de niños haitianos, cuyo paradero mayoritario sigue siendo desconocido, con todo ese otro universo de reglas y requisitos al que llamamos permisología.

El sentido común indicaría que respecto de los niños se aplicaría un criterio fiscalizador infinitamente más celoso, dedicado y escrutador. A fin de cuentas, no se puede comparar la seguridad de niños, presumiblemente muy desvalidos por la sociedad de la que proceden, con el cumplimiento de los requisitos para abrir un restaurante. Solo poner ambas situaciones en un mismo párrafo es chocante.

Pero la realidad fue exactamente al revés. Un gobierno que, mientras actuaba con celo de inquisidor ante cualquier emprendimiento, permitía desaprensivamente la circulación de niños con fotocopias de sus papeles, acompañados por adultos que no tenían vínculo familiar con ellos y que ingresaban a cargo de grupos insólitamente numerosos.

Si me permite, generoso lector, postulo la hipótesis que esto sucedió, porque se trataba de autoridades que, en el fondo, no se sentían realmente obligadas a cumplir la ley, sino llamadas a imponer su personal visión del bien y del mal. Al final, para ellos emprender es depredar y explotar; mientras que migrar es un derecho. De los “buenos” líbranos, Señor. Por lo menos en la política.

Por Gonzalo Cordero, abogado