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Resulta saludable que en una sociedad se converse acerca de su democracia y su relación con el liberalismo. Hablar sobre ella parece más necesario que nunca en momentos en que va perdiendo terreno en todo el mundo. Los estudios que la miden a nivel global advierten de la acumulación de dos décadas de declive sostenido, con solamente 7% de la población mundial viviendo en democracias plenamente consolidadas. Una reversión que, tal como vamos, terminará por convertirla en un bien escaso, casi de lujo.

Chile se encuentra inmerso en ese debate propiciado, en primer término, por un proyecto de ley en materia de seguridad presentado por el Presidente Kast. Recibió una andanada de críticas por privilegiar el control estatal y el orden público a costa de garantías constitucionales y libertades individuales. Quienes las catalogan como exageradas olvidan que, siendo candidato, minimizó la importancia que había que darle al Congreso.

Retirada la urgencia del proyecto, la polémica se ha trasladado hacia otro ámbito: el carácter del texto que fue resultado de la primera fase del proceso constituyente, rechazado en las urnas el 4S de hace cuatro años, y que fuera considerado por referentes de opinión de lo más transversal no solo como iliberal, sino también “maximalista, identitario y sin contrapesos”.

Alfredo Joignant, en su particular estilo, ha señalado en X que sería “un escándalo calificar a la constitución que fue rechazada en 2022 de ‘iliberal’” para, a renglón seguido, catalogar de “ignorantes” a quienes así lo plantean.

Si bien es cierto que se ha ido acuñando un cierto consenso acerca de lo que se entiende por iliberalismo, asociado a regímenes donde hay elecciones, pero, al mismo tiempo, se limita la división de poderes, el Estado de Derecho y los derechos individuales, el celo por el rigor conceptual no debe olvidar que, como cualquier término propio de las Ciencias Sociales, es internamente complejo, susceptible de grados y lejano a estar formalmente cerrado.

Por otro lado, es bien sabido que, en política, las percepciones importan más que los hechos objetivos y, en ese plano, hay que recordar que declaraciones y posturas públicas de Elisa Loncon y Jaime Bassa, líderes de la Convención Constitucional artífice de la propuesta, poco o nada ayudaron a espantar el fantasma del iliberalismo. Dado que su número de artículos la incluía entre las más extensas del planeta, es lógico pensar que muchas personas se quedaron a nivel de frases, consignas y soflamas que, finalmente, sembraron incertidumbre en asuntos tales como la unidad del país y la propiedad privada. De esta forma, se alimentó aquello de que “si los hombres definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”. Puro Teorema de Thomas en funcionamiento.

Por María de los Ángeles Fernández, Doctora en Ciencia Política