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SEÑOR DIRECTOR:

Durante años se ha diagnosticado ampliamente la necesidad de contar con un sistema de planificación territorial más robusto, coherente y transparente. Académicos, autoridades y distintos actores han coincidido en que la fragmentación normativa, la desactualización de instrumentos y la débil coordinación han limitado la capacidad de construir ciudades más justas y sostenibles.

Por ello, la reciente promulgación de la Ley 21.807, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país, representa un paso significativo que merece ser reconocido y celebrado. No se trata simplemente de una reforma técnica, sino de una modernización estructural: incorpora monitoreo periódico, fortalece la transparencia, profesionaliza capacidades en municipios y gobiernos regionales, refuerza la coherencia entre niveles de planificación y pone mayor énfasis en la integración social.

Esta ley recoge diagnósticos compartidos y entrega herramientas concretas para enfrentar desafíos como el déficit habitacional, la presión sobre el suelo, el cambio climático y la expansión urbana desordenada. Ordenar mejor nuestras ciudades y regiones no es solo una cuestión técnica, sino una decisión estratégica de desarrollo.

Corresponde ahora que autoridades e instituciones concentren sus esfuerzos en una implementación rigurosa y efectiva, para que este avance normativo se traduzca en mejores decisiones y ciudades con mayor calidad de vida.

Felipe Arteaga E.

Arquitecto urbanista