El Ciudadano
Por Dra. Rocío Ferrada Hurtado, investigadora Centro de Investigación para la Educación Inclusiva PUCV (EduInclusiva)
En su primera cuenta pública, el Presidente Kast anunció una reformulación profunda al Sistema de Admisión Escolar (SAE) “para que se vuelva a ponderar el mérito de los alumnos, se vuelva a dejar que los padres puedan elegir el establecimiento educacional para sus hijos”.
Agregó además que esto es algo que piden las propias personas: “No cerremos los ojos a algo que es evidente y que nos piden los propios apoderados”.
Como se sabe, el SAE es un medio centralizado para estudiantes que postulan a colegios que reciben financiamiento del Estado -públicos o particular-subvencionado-, permitiéndole a las familias identificar sus colegios preferidos y, a los estudiantes, contar con iguales posibilidades de postular asegurando la no discriminación arbitraria.
En efecto, creado a partir de la Ley de Inclusión Escolar (2016), el SAE se establece como un mecanismo que garantiza los principios de inclusión, equidad y transparencia en el proceso de postulación y asignación de estudiantes a establecimientos con financiamiento público.
Cabe recordar que, hasta entonces, distintas investigaciones mostraban las prácticas discrecionales utilizadas por los colegios para seleccionar sus estudiantes, al punto de ponerse en duda si acaso eran las familias que elegían la escuela para sus hijos o eran, en realidad, los colegios que los seleccionaban -prefiriendo por supuesto, aquellos que consideraban más fácilmente educables.
De ahí que el SAE se creara con el objetivo de eliminar discrecionalidades, optimizar la asignación de vacantes y favorecer oportunidades educativas no determinadas por factores socioeconómicos, académicos o culturales de las familias.
En ese contexto el mérito escolar resultó -y resulta todavía- un buen ejemplo de un atributo individual determinado por el origen social del estudiante. Los estudios muestran que, medido por el desempeño obtenido en las pruebas estandarizadas de rendimiento académico (v.g. el SIMCE o la PAES), el mérito correlaciona fuertemente con el nivel socioeconómico del estudiante.
Así, seleccionar por mérito equivale en Chile a seleccionar por desempeño académico, que es mejor en estudiantes de orígenes socialmente privilegiados.
De ahí que la selección por mérito parezca contraria al principio de inclusión que guía los sistemas educativos contemporáneos. Fundado en el derecho a la educación, los sistemas deben ser inclusivos y de calidad, y ofrecer a todos, iguales oportunidades educativas sin discriminaciones arbitrarias de ningún tipo.
La oferta de vacantes escolares no podría entonces depender del rendimiento del estudiante, porque hacerlo significaría garantizar mayores oportunidades escolares a estudiantes mejor ubicados en la escala social.
Pero pueden hoy las instituciones repartir bienes teniendo en cuenta solo un criterio de justicia; digamos por caso, tener en cuenta sólo el criterio de igualdad. No debemos esperar que en sociedades democráticas con pluralidad normativa, este reparto considere más de un principio. Es el problema que expresa el debate entre inclusión y mérito, porque ambos, inclusión y mérito, son criterios de justicia.
Más aún, para las personas forma parte de su sentido común de justicia establecer órdenes en base al mérito -es lo deseable en el trabajo, en los cargos públicos, en la universidad, en el colegio a partir de cierta edad… El mérito opera así, como un ideal movilizador y también como un ideal de justicia.
Una solución de compromiso, vale decir, una forma de acuerdo que implica concesiones de las partes favorables al bien común, se requiere en este asunto. El compromiso se opone a la intransigencia -o la pasión por lo “puro”- donde no se admiten concesiones, y se diferencia del consenso en la medida en que este no necesita de concesiones para existir. Un compromiso, por lo demás, puede transformarse en un consenso.
Y el SAE, tanto en su diseño original como en la propuesta de mejora realizada por la Mesa Técnica en 2025, es una solución de compromiso que reposa sobre criterios de justicia distintos: el algoritmo asigna plazas escolares teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades (el azar), el rango (tener hermanos o familiares en la escuela a la que se postula), la necesidad (% estudiantes prioritarios), el mérito (% según desempeño a partir de 7mo básico).
Se puede revisar y mejorar -como lo hizo la Mesa Técnica-; se puede ajustar a la contingencia, pero no se requiere terminar con el SAE -si acaso la reformulación profunda anunciada por el Presidente tiene esa pretensión. Es un mecanismo justo, y ajustado a los estándares de las instituciones democráticas.
Dra. Rocío Ferrada Hurtado
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