India acaba de cruzar un umbral en su soberanía tecnológica, uno que transforma el smartphone de un dispositivo personal a uno con presencia y supervisión del Estado. El país ha ordenado a los fabricantes de móviles que preinstalen una app gubernamental llamada «Sanchar Saathi» en todos los dispositivos, tanto nuevos como existentes: tienen 90 días. La directriz, avanzada por medios como Reuters, especifica que el software debe ser imborrable, eliminando la capacidad del usuario para decidir qué ejecuta en su hardware bajo el pretexto de la seguridad y el control de robos.
Una puerta trasera oficial. La orden, enviada a gigantes como Apple, Samsung y Xiaomi el pasado 28 de noviembre, no deja margen de maniobra: la app debe venir de fábrica y forzarse vía actualización en los teléfonos que ya están en el mercado. Oficialmente, esta app sirve para bloquear y rastrear terminales robados mediante IMEI y reportar fraudes: de hecho, el país presume de que ha ayudado a recuperar más de 700.000 teléfonos perdidos.
Extraoficialmente, críticos alertan de un mecanismo de vigilancia masiva en un mercado de 730 millones de usuarios. Apple, que ha convertido a India en un hub de fabricación, ya ha filtrado a Reuters que resistirá la medida: sienta un precedente que no aceptan en ninguna otra parte del mundo.
Europa y el espejo del control. Aunque la medida india parece lejana a la par que tosca, la tentación de intervenir en el funcionamiento de los dispositivos no es ajena a la Unión Europea. Bruselas lleva años demostrando que no le tiembla el pulso para rediseñar la tecnología de consumo.
Si bien empezamos con el hardware, imponiendo el USB-C obligatorio, la regulación ha escalado hacia el software y la gestión de datos. A menudo, bajo la misma bandera de la "seguridad" que hoy ondea India.
De la regulación a la intervención. El paralelismo más inquietante reside en la justificación de "aplicación eficaz de la ley". Mientras India usa el robo de móviles como motivo, Europa ha puesto el foco en el cifrado: informes recientes señalan que la UE ha identificado a las VPNs como un desafío clave para la labor policial.
A esto se suma un intervencionismo económico directo, como llevamos viendo desde octubre con el caso Nexperia. En este, Países Bajos —bajo el paraguas de la seguridad europea— tomó el control efectivo de una empresa de chips para limitar la influencia china.
Un portero digital ya en pruebas. La teoría de una app estatal europea ya se está convirtiendo en práctica. El pasado verano se anunció que Francia, España, Dinamarca, Grecia e Italia iniciaron las pruebas de una app de verificación de edad para proteger a los menores online. La Comisión la definió como un "portero de discoteca" digital para bloquear contenido dañino, pero su implementación esconde una trampa de dependencia. El análisis técnico del prototipo sugiere que la app exigirá unos certificados de integridad que solo posee el Android licenciado por Google, excluyendo de facto a versiones de código abierto como GrapheneOS.
Fatiga regulatoria. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en el momentum político. India está acelerando su control digital justo cuando Europa empieza a admitir que se ha pasado de frenada. Tras aprobar normativas pioneras pero densas como la ley de IA, la propia UE ha reconocido que regula demasiado. De hecho, la Comisión ya trabaja en simplificar su propia ley para intentar no perder el tren de la IA.
¿Puede pasar aquí? Técnicamente, Europa ya obliga a las Big Tech a modificar sus sistemas operativos (apertura de NFC, tiendas de terceros...) y países como Italia han sido pioneros en regular el uso de la IA. Aunque una app como la india es improbable gracias al RGPD, la aspiración de soberanía europea podría desembocar en soluciones más sofisticadas pero igualmente obligatorias.
Ahí está la esperada Cartera Digital Europea que, eventualmente, quiere convertirse en el único pasaporte válido para operar en la red europea. Como mostró la llegada de Apple Intelligence —suite de herramientas de IA para el iPhone—, las tecnológicas acaban adaptándose a lo que dicta el regulador. La duda es hasta dónde está dispuesto a llegar ese regulador.
Imagen de portada | Composición con imágenes de Wikimedia Commons e Iván Linares para Xataka Móvil
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India obliga a instalar una app del Gobierno que no se puede borrar. Europa lleva años allanando ese camino
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por
Pepu Ricca
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