El Ciudadano
La paciencia diplomática se ha agotado. México no está dispuesto a seguir intercambiando notas protocolarias mientras sus ciudadanos mueren sin respuestas en centros de detención estadounidenses. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llevó el caso a los tribunales al formalizar ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales de Estados Unidos 17 denuncias penales relacionadas con la muerte de igual número de connacionales en operativos o en centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Sheinbaum consideró que la muerte de los ciudadanos mexicanos sin una explicación clara resulta inadmisible. El caso que encendió la mecha fue el de Lorenzo Salgado, quien, en palabras de la presidenta, fue prácticamente «ultimado» por personal del ICE. Este episodio, dijo, generó rechazo incluso entre autoridades estadounidenses, como el alcalde de Houston.
En declaraciones recogidas por La Jornada, la mandataria insistió en que el hecho de que un mexicano fallezca en un centro de detención “sin explicación de por medio o que se diga que fue un suicidio sin una aclaración clara«, resulta indígnate.
«Este último caso, el de Lorenzo Salgado, generó indignación en Estados Unidos, incluso por parte del alcalde de Houston”, enfatizó..
El mensaje a Washington fue directo y sin ambages. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, comunicó personalmente al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que el gobierno mexicano procedería legalmente en estos casos.
«No podemos solamente seguir con notas diplomáticas».
Sheinbaum reconoció que el diplomático se mostró receptivo a las preocupaciones del gobierno mexicano, pero dejó claro que «no podemos solamente seguir con notas diplomáticas que no han dado resultados».
El gobierno mexicano exige a Washington una investigación imparcial que arroje luz sobre cada una de las muertes. La demanda abarca tanto a los 14 migrantes que fallecieron en centros de detención como a los tres que perdieron la vida durante operativos del ICE. En paralelo a las acciones legales en Estados Unidos, México solicitará la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, buscando un acompañamiento internacional que garantice la transparencia del proceso
Sheinbaum fue clara al afirmar que esta decisión no busca tensar la relación bilateral, sino cumplir con una obligación ineludible. «Es una obligación de cualquier gobierno defender a sus connacionales en el exterior», subrayó, descartando que la medida represente un cambio en la relación comercial y de seguridad con Estados Unidos.
La presidenta fue enfática: «No se trata de provocar conflictos ni mucho menos, pero tampoco se puede, como gobierno, guardar silencio por temor a que haya algún problema en la relación con el gobierno del presidente Donald Trump».
El llamado de la mandataria trascendió las fronteras partidistas y exhortó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a todas las organizaciones políticas para que respalden la exigencia del gobierno mexicano de esclarecer todos estos casos. Reconoció que aunque en diversos temas de la agenda nacional puede haber diferencias, ante la defensa de los connacionales en el extranjero es posible cerrar filas para demandar el respeto a sus derechos humanos.
«Imagínense si fuéramos omisos», reflexionó la presidenta, dejando claro que el silencio no es una opción.
“Tenemos una relación comercial y de seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violaciones a los derechos humanos de los connacionales y realizar acciones. En eso deberíamos estar de acuerdo, sin importar nuestra posición política”, subrayó.
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