Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad
A raíz de la querella criminal, RIT Ordinaria-4090-2025, por el delito de estafa, interpuesta por la empresa Behnke SpA en contra de dos particulares ligados a la empresa Bodegas San Francisco, afirmamos que en Santiago vivimos una verdadera calamidad silenciosa en seguridad contra incendios en edificaciones. El “Centro Logístico Vespucio” en la comuna de Pudahuel es una síntesis brutal de las falencias de nuestro sistema de permisos, revisiones y control público.
No se trata de un simple error administrativo, ni de un problema técnico menor, sino de actuaciones profesionales erróneas y omisiones institucionales que permitieron la operación de un complejo de bodegas sin las protecciones contra el fuego exigidas por la normativa vigente, hasta que un incendio arrasó con 19 bodegas y dejó en evidencia una institucionalidad incompetente. Este no es un caso único: Bodegas San Francisco ya había visto arder su “Centro Lo Aguirre” en 2023 y luego el “Centro Logístico Vespucio” en 2024, acumulando demandas cercanas a 130 mil millones de pesos.
En ambos proyectos participaron la misma arquitecta y el mismo revisor independiente, repitiéndose irregularidades como ausencia de protección pasiva suficiente, documentación de carga de fuego incompleta, falta de acreditación seria de resistencia al fuego y uso de un supuesto “cálculo de densidad de carga al fuego” que no corresponde a un Estudio de Carga Combustible válido. A ello se suma lo expuesto en el Informe Final 403/2020 de la Contraloría, donde se declara ilegal una modificación al proyecto del centro Lo Aguirre que permitió aumentar en 190% la superficie construida, vulnerando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
En el “Centro Logístico Vespucio” se ofrecían bodegas en arriendo como si el recinto estuviera debidamente habilitado y recepcionado, lo que para cualquier ciudadano supone cumplimiento estricto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), OGUC y las normas técnicas de protección contra incendios. Sin embargo, se constató una estructura metálica sin protección suficiente, divisiones que no alcanzaban el estándar F‑120, ausencia de informes de inspección de pinturas intumescentes e inexistencia de documentación robusta de resistencia al fuego, apoyada en un cálculo irregular de carga combustible que no reflejaba la realidad de las 19 bodegas.
Lo más grave es que el revisor independiente que validó este proyecto preside el Comité de Revisores Independientes del Colegio de Arquitectos de Chile, estando hoy querellado por avalar un diseño que no cumple las exigencias fundamentales de la OGUC en protección contra incendios. La OGUC es clara: todo edificio debe cumplir normas mínimas de seguridad contra incendio y, sin Estudio de Carga Combustible real, las bodegas de arriendo deben proyectarse como Tipo A, con estructura protegida F‑120, muros F‑120 y techumbre al menos F‑60, debidamente especificado en las Especificaciones Técnicas.
El punto crítico es la protección de estructuras de acero mediante pinturas intumescentes, donde se siguen recepcionando obras sin exigir informes de inspección robustos, mientras algunos organismos validan pinturas sin ensayo oficial o mediante “asimilaciones” sin respaldo completo, vulnerando OGUC y estándares técnicos. Esto configura un limbo normativo que convierte la excepción técnica en puerta abierta para soluciones sin soporte real, poniendo en jaque la resistencia al fuego que se declara sobre el papel.
Por lo relatado, le formulamos un llamado a:
1.- la directiva del Colegio de Arquitectos para que revise con prontitud la situación del presidente de su Comité de Revisores Independientes, adoptando las medidas contenidas en su Comité de Ética.
2.- al Ministro de Vivienda y Urbanismo para que antes del cambio de gobierno se actualice la OGUC en seguridad contra incendios, depurando el listado oficial de soluciones al fuego.
3.- al Instituto Nacional de Normalización (INN) para que fiscalice a los organismos que validan las pinturas intumescentes y terminar con las “asimilaciones” sin respaldo.
4.- a la Contraloría General de la República para que sus dictámenes se transformen en sanciones efectivas, buscando la recuperación de recursos en obras públicas con protección al fuego deficiente.
5.- a los directores de obras municipales e inspectores independientes, en orden a que estén conscientes de que sus firmas implican responsabilidad ética y técnica.
Finalmente, no podemos esperar el próximo incendio: los casos descritos de Lo Aguirre y Vespucio, con los mismos actores y falencias, deben marcar un antes y un después para el gremio y las autoridades, porque la próxima calamidad será consecuencia directa de la pereza institucional. En este sentido, la empresa privada Bodegas San Francisco tiene la palabra y como uno de sus dueños es sobrinito de este columnista, esperamos que a partir de ahora, con los necesarios cambios internos, empiece a operar de manera correcta.
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