INE continuará investigaciones contra consejero electoral de Veracruz; es señalado por acoso y hostigamiento laboral

INE continuará investigaciones contra consejero electoral de Veracruz; es señalado por acoso y hostigamiento laboral

La denuncia fue presentada por una trabajadora del Organismo Público Local Electoral en abril de 2024; Guadalupe Taddei votó por cerrar el caso

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó ampliar las investigaciones en contra del consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien enfrenta una denuncia por hostigamiento sexual y laboral interpuesta por una trabajadora del organismo.

La decisión fue tomada por el Consejo General del INE, con una votación dividida de siete votos contra cuatro, lo que permitió rechazar un proyecto que proponía declarar infundado el procedimiento de remoción del funcionario.

El proyecto desechado argumentaba que no existían pruebas suficientes para acreditar el acoso denunciado. Sin embargo, la mayoría de los consejeros consideró que las pruebas aportadas no habían sido valoradas con perspectiva de género, y señalaron deficiencias técnicas y metodológicas en el análisis realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, responsable de elaborar el proyecto.

Votaron a favor de cerrar el caso la consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño y Uc-kib Espadas Ancona. En contra se manifestaron las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Rita Bell López, y los consejeros Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz Mora, quienes respaldaron continuar con las investigaciones.

Detalles del caso

La denuncia fue presentada el 15 de abril de 2024 por una funcionaria del área de Comunicación Social del OPLE Veracruz, quien ocupa ese cargo desde el 1 de septiembre de 2022. Según su testimonio, fue víctima de hostigamiento sexual en dos ocasiones: una de ellas el 1 de abril de 2024, en un bar de la ciudad de Xalapa, y la otra en la oficina del consejero, al día siguiente. Los hechos ocurrieron en pleno desarrollo del proceso electoral federal y local, en el cual Veracruz renovó la gubernatura y su Congreso, lo que implicaba jornadas laborales extendidas, incluyendo fines de semana.

Tras rechazar las insinuaciones del consejero, la trabajadora reportó haber sido víctima de hostigamiento laboral, mediante quejas promovidas por el propio Dovarganes sobre su desempeño. Además, su coordinador de asesores le habría advertido que su puesto “le pertenecía” al consejero, como parte de una práctica informal de reparto de cargos.

En su defensa, el consejero negó los señalamientos y presentó como pruebas un video, un croquis de las oficinas y testimonios de su personal, con los que argumentó que nunca estuvo a solas con la denunciante. El proyecto desechado por el Consejo señalaba que había contradicciones entre el testimonio de la funcionaria y la evidencia documental, incluyendo la declaración de un asesor que aseguró que ella no ingresó a la oficina del consejero.

A pesar de ello, los consejeros que votaron en contra del proyecto insistieron en que este tipo de casos requieren un enfoque más riguroso y sensible. La consejera Carla Humphrey lamentó la “falta de seriedad” y la “pobreza argumentativa” del análisis, mientras que Dania Ravel cuestionó si se le puede exigir a una mujer víctima de acoso que tenga una “cámara escondida” o un notario para probar lo sucedido. En ese mismo sentido, el consejero Jaime Rivera consideró inaceptable exigir pruebas “ciertas e irrebatibles” en casos de esta naturaleza, que suelen ocurrir en privado.

Las consejeras Claudia Zavala y Rita Bell López advirtieron que la resolución debe emitirse a más tardar en dos meses, ya que el consejero concluye su periodo en junio de este año. Finalmente, el Consejo General resolvió devolver el expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para ampliar las diligencias y presentar un nuevo proyecto de resolución dentro del plazo establecido.

Este caso subraya la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales de atención a denuncias por acoso en el ámbito electoral y aplicar criterios con perspectiva de género que garanticen justicia efectiva para las víctimas.