El Ciudadano
Informe Terram: “SQM: Génesis de la corrupción minera en Chile”
Fundación Terram publicó el documento “SQM: Génesis de la corrupción minera en Chile”, un análisis completo que revisa más de cuatro décadas de operaciones de la empresa en el país y detalla las principales formas de captura política y del Estado asociadas a su expansión en la industria del litio. El estudio identifica prácticas sistemáticas que han permitido a SQM influir en decisiones regulatorias, debilitar mecanismos de control institucional y consolidar una posición dominante en la explotación de del mineral en el Salar de Atacama.
El informe, elaborado por el investigador Pablo Madrid, examina antecedentes históricos, procesos judiciales, modificaciones legislativas y conflictos tributarios, con el fin de aportar evidencia para promover una mejor gobernanza de la industria del litio que sea transparente, responsable en términos ambientales y libre de influencias indebidas en la industria del litio.
Captura política y del Estado
El documento revela que SQM ha intervenido de manera directa en la formulación de normativas tributarias y ambientales, modificando proyectos de ley en beneficio propio. Ejemplos emblemáticos incluyen:
- La reforma a la Ley Ambiental (Ley 20.417), donde la empresa envió una minuta con 41 indicaciones a parlamentarios, varias de las cuales fueron incorporadas íntegramente en la tramitación legislativa.
- La reforma tributaria minera de 2010 (Ley N°20.469), en la que correos electrónicos demostraron la participación del ex gerente de SQM en la redacción de indicaciones que luego fueron presentadas como propuestas parlamentarias.
Estas acciones, respaldadas por mecanismos irregulares de financiamiento político —como boletas ideológicamente falsas o pagos indirectos—, permitieron a SQM incidir en la regulación ambiental y fiscal a favor de sus propios intereses, debilitando así la transparencia institucional y socavando la confianza ciudadana en la gestión de los recursos estratégicos del país.
Un dominio consolidado en el Salar de Atacama
SQM controla una parte sustancial de las pertenencias mineras y de las cuotas de extracción en el Salar de Atacama y sus inmediaciones (alrededor de 258.440 hectáreas), pese a haber registrado incumplimientos contractuales relevantes.
El informe de Terram documenta:
- La obstrucción de la entrada de terceros, mediante inscripción estratégica de concesiones mineras y derechos de agua adyacentes a las pertenencias de CORFO en el Salar de Atacama, generando barreras a la competencia.
- Procesos de arbitraje donde CORFO denunció incumplimientos reiterados, y que terminaron con conciliaciones que ampliaron las cuotas de extracción para SQM en vez de sancionar a la empresa.
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La adjudicación irregular del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) en 2012, posteriormente invalidado, donde SQM obtuvo ventaja aun manteniendo litigios con el Estado.
| Fuente: Elaboración propia en base a datos de Sernageomin (2024), Conadi (2024), MMA (2024) y Consultora DCA. |
Según Pablo Madrid, autor del documento, “estos antecedentes evidencian favoritismo y un trato preferente que ha reforzado la posición dominante de SQM, perpetuando su control de la industria del litio nacional y global pese a los diversos incumplimientos e influencias indebidas”.
El Acuerdo Codelco–SQM: un caso que profundiza los riesgos de corrupción
El informe analiza además el Acuerdo de Asociación entre Codelco y SQM (2024), uno de los hitos más controversiales de la Estrategia Nacional del Litio.
Entre las irregularidades observadas por Terram se encuentran:
- Falta de licitación pública, lo que impidió la entrada de nuevos actores y mantuvo la concentración del negocio.
- Utilización de figuras societarias poco transparentes, como una Sociedad por Acciones, con menores estándares de control.
- Un perjuicio fiscal millonario, según la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que estimó pérdidas potenciales superiores a US$ 6.700 millones.
- Ausencia de consulta indígena adecuada, en incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
Para Fundación Terram, este proceso “reproduce riesgos de captura del Estado y compromete la posibilidad de construir una gobernanza moderna, transparente y con control ciudadano”.
Brechas fiscales y riesgos de evasión
La recaudación de ingresos provenientes de la explotación del litio representa uno de los principales espacios de vulnerabilidad institucional y, por tanto, un riesgo de corrupción. El estudio identifica dos áreas críticas donde persisten riesgos significativos:
- Diferencias históricas entre CORFO y SQM por el cálculo de obligaciones fiscales, incluyendo manipulación de precios de transferencia y deducciones arbitrarias.
- El litigio entre el SII y SQM por el Impuesto Específico a la Minería (IEAM), que culminó con un fallo en contra de la empresa, obligándola a reconocer que sus pertenencias están afectas al impuesto.
Madrid sostiene que “estas controversias reflejan problemas estructurales de fiscalización y transparencia que facilitan la elusión, demostrando que aún existen brechas relevantes en la fiscalización y en la transparencia tributaria del litio, las que, si no se abordan de manera sistemática, seguirán generando espacios para controversias y para conductas que afectan la confianza pública”.
Recomendaciones urgentes para fortalecer la gobernanza del litio
Fundación Terram plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a elevar los estándares de integridad, evitar nuevos espacios de captura y fortalecer la fiscalización pública. Entre ellas:
- Aplicar estrictamente la Ley de Lobby y las normas de financiamiento político.
- Impedir que empresas con litigios ambientales o tributarios accedan a nuevos contratos estratégicos.
- Establecer cláusulas anticorrupción y sanciones efectivas en contratos públicos.
- Fortalecer capacidades del SII, CORFO, Aduanas y Cochilco para controlar precios de transferencia y exportaciones.
- Avanzar en una implementación ambiciosa de la Iniciativa EITI, asegurando transparencia fiscal total del sector litífero.
- Asegurar procesos de licitación pública, consulta indígena efectiva y mecanismos de control ciudadano en futuros proyectos.
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