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Cada invierno se repite una escena conocida: caminos interrumpidos, puentes dañados, ciudades inundadas y comunidades aisladas. Lo preocupante es que estos eventos ya no pueden considerarse excepcionales. La evidencia científica muestra que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de las lluvias extremas, obligándonos a replantear la forma en que diseñamos, evaluamos y gestionamos nuestra infraestructura.

Chile enfrenta este desafío con particular intensidad, por su alta exposición a amenazas naturales y los efectos crecientes del cambio climático. Si bien la percepción ciudadana suele asociar los mayores riesgos a terremotos o erupciones volcánicas, las lluvias extremas generan daños recurrentes en caminos, puentes, obras hidráulicas y sistemas de drenaje, afectando la conectividad, la actividad económica y la calidad de vida de las personas.

Cuando un puente queda inutilizado o una carretera se interrumpe, el problema no termina en la reparación de la obra. También se afectan las cadenas logísticas, aumenta el costo del transporte, se dificulta el acceso a servicios esenciales y se producen pérdidas económicas que muchas veces superan ampliamente el costo de la infraestructura dañada.

Frente a esta realidad, debemos avanzar desde una gestión reactiva, basada en reconstruir después de cada emergencia, hacia una estrategia preventiva que identifique los puntos vulnerables de nuestras redes y priorice inversiones capaces de reducir riesgos y asegurar la continuidad de los servicios.

Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en construir obras más robustas. También debemos revisar la forma en que evaluamos las inversiones públicas. Gran parte de nuestra infraestructura fue diseñada con metodologías que privilegian beneficios asociados a tiempos de viaje, costos de operación o seguridad vial, pero que incorporan de manera insuficiente los beneficios de una mayor resiliencia frente a eventos extremos.

Como consecuencia, muchas inversiones preventivas aparecen menos rentables de lo que realmente son, porque no se valoran adecuadamente los costos de la interrupción de la conectividad y la afectación de servicios esenciales. Incorporar explícitamente la resiliencia en la evaluación social de proyectos permitiría asignar mejor los recursos públicos: según el Banco Mundial (2019), por cada dólar invertido en resiliencia, se ahorran en promedio US$4 en pérdidas. (Ver propuesta en Doc. de Trabajo ClapesUC N°164, 2026).

La resiliencia también exige cambiar nuestra forma de entender la infraestructura. Una carretera, un puente o un sistema de drenaje no son obras aisladas; forman parte de redes cuya principal función es mantener conectadas a las personas, las actividades productivas y los servicios esenciales. Esa misma mirada debe extenderse a la infraestructura eléctrica, el agua potable y las telecomunicaciones.

Diversos países ya han comenzado este proceso. Los Países Bajos pasaron de intentar contener el agua a diseñar ciudades capaces de convivir con ella, y Singapur ha integrado infraestructura, tecnología y planificación urbana para gestionar lluvias intensas, demostrando que la adaptación al cambio climático requiere una visión integral y de largo plazo.

Chile cuenta con las capacidades técnicas para avanzar en esa dirección. El verdadero desafío es incorporar la resiliencia como un criterio permanente en la planificación, el diseño, la evaluación y la gestión de nuestra infraestructura.

Invertir en resiliencia no significa construir obras más caras. Significa tomar mejores decisiones de inversión para proteger a las personas, asegurar la continuidad de los servicios y fortalecer la competitividad del país. En un clima que ya cambió, la resiliencia dejó de ser una opción para transformarse en una condición indispensable del desarrollo.

*El autor de la columna es profesor titular de Ingeniería UC, investigador de Clapes UC y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile