La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., propietaria del terreno donde se emplaza la megatoma en el Cerro Centinela, solicitó al Gobierno detener el proceso de expropiación parcial de su propiedad y avanzar en el cumplimiento del fallo judicial que ordena su restitución.
A través de un comunicado, la empresa instó al Ejecutivo a desistir de la medida iniciada durante la administración anterior y a dar curso al dictamen de la Corte Suprema, que dispuso el desalojo del terreno ocupado irregularmente.
Según la inmobiliaria, el proceso de expropiación “no fue conversado ni informado” previamente a la compañía. Asimismo, detallaron que, tras el fallo judicial, el Ministerio de Vivienda del gobierno anterior solicitó suspender por seis meses el desalojo para abrir un proceso de diálogo orientado a una eventual compra del terreno por parte de los ocupantes.
No obstante, la firma aseguró que durante ese periodo la expropiación nunca fue planteada como alternativa. “Frente a la falta de acuerdo, el gobierno anunció unilateralmente la expropiación, dos días antes de que se cumpliera el plazo para iniciar el desalojo”, indicaron.
En esa línea, la empresa afirmó haber recurrido a distintas acciones legales para oponerse tanto a la expropiación parcial como al monto fijado, argumentando que ambas decisiones generan un “grave perjuicio económico”.
En su declaración, la inmobiliaria también aludió al contexto económico actual y a recientes decisiones del Ejecutivo de desistir de procesos similares, como en el Club Hípico de Punta Arenas y la ex Colonia Dignidad, para reforzar su solicitud de que se adopte el mismo criterio en este caso.
La compañía sostuvo que, desde el inicio de la ocupación, ha realizado múltiples gestiones para recuperar el terreno, incluyendo denuncias, gestiones ante autoridades, publicaciones en prensa y diversas acciones judiciales.
Finalmente, reiteró que su objetivo ha sido siempre el mismo: que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y se concrete la restitución íntegra del terreno desalojado.