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Celebro la columna “La enfermedad de Chile”, de D. Matamala. Pone el foco donde corresponde. Me quedo con una frase que resume muy bien nuestra dificultad para enfrentar los problemas de fondo: “Una y otra vez, el mundo nos pide peras y nosotros respondemos con manzanas”.

Eso es precisamente lo que ocurre con la innovación y la transferencia tecnológica. Llevamos años tramitando un proyecto de ley destinado, en teoría, a mejorar la forma en que Chile transforma conocimiento financiado con recursos públicos en innovación, productividad y desarrollo. Sin embargo, en uno de sus aspectos más importantes, la propiedad intelectual y las patentes, el proyecto avanza en dirección contraria a la evidencia internacional. El otro punto clave es eliminar trabas a los spin-offs universitarios.

Lamentablemente, en esta materia, parlamentarios de distintos sectores han acogido una mirada que desconfía de las patentes y de la apropiación de resultados financiados con fondos públicos, como si ello fuera incompatible con el interés general. Esa visión va en sentido contrario a lo que plantea R. Hausmann sobre la necesidad de absorber tecnología, adaptarla e innovar, y también a lo que premiaron los Nobel de Economía de 2025, Mokyr, Aghion y Howitt, cuyo trabajo muestra que el crecimiento sostenido depende de la innovación, la destrucción creativa y de instituciones capaces de convertir ideas en nuevas capacidades productivas.

China podrá tener problemas de calidad patentaria y exceso de solicitudes, pero entendió que las patentes forman parte de una estrategia nacional de aprendizaje tecnológico y hoy avanza hacia mayor calidad. India, por su parte, ha mostrado uno de los crecimientos más explosivos en solicitudes de patentes, reflejando una decisión institucional y cultural de tratar la innovación como un activo estratégico. Chile, en cambio, sigue discutiendo si corresponde proteger aquello que se genera con fondos públicos, como si la alternativa natural fuera dejarlo todo en dominio público.

Ese es el error. La pregunta no debería ser si alguien puede apropiarse de una invención financiada con recursos públicos, sino cómo evitamos que esa invención quede abandonada, publicada prematuramente o sin incentivos para llegar al mercado. El modelo Bayh-Dole en EEUU entendió esto hace décadas: apropiación con responsabilidad; una zanahoria para patentar y transferir, pero también un garrote si el beneficiario no actúa.

Si Chile quiere curar esa “enfermedad”, no basta con repetir que necesitamos más ciencia, más I+D o más innovación. Hay que construir las instituciones que conecten esos mundos. Y eso exige una ley de transferencia tecnológica seria, favorable a las patentes cuando corresponda, aplicable a todos los fondos públicos relevantes (no sólo a ANID) y capaz de convertir conocimiento en tecnología, empresas, productividad y crecimiento.

Por Maximiliano Santa Cruz Scantlebury, ex director de Inapi y socio de Santa Cruz IP