La Contraloría General de la República (CGR), a través de su sede regional de Tarapacá, detectó graves deficiencias de control y seguridad en el Paso Fronterizo de Colchane, tras una inspección realizada en el marco de la revisión del funcionamiento del Plan Frontera Segura, el despliegue de Fuerzas Armadas y la administración de los complejos fronterizos del norte del país.
La fiscalización, iniciada a fines de septiembre y encabezada en terreno por la contralora general Dorothy Pérez, la contralora regional Paula Vera y el jefe de Fiscalización Ricardo Provoste, culminó en el Informe Final N° 669/2025, que expone una serie de debilidades con potencial impacto en la seguridad, control migratorio y combate al crimen organizado.
Falta de personal, débil presencia policial y paso irregular
El documento alerta la ausencia de unidades especializadas para enfrentar delitos de tráfico de drogas conforme a la Ley 20.000, debido a que ni la PDI ni Aduanas cuentan con equipos técnicos suficientes. Además, se verificó dotación insuficiente de Policía Internacional y presencia limitada de Carabineros.
La CGR también constató tránsito irregular de personas por el denominado “Paso Ancestral” entre Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile), junto con el deterioro de la malla fronteriza.
Equipos críticos fuera de servicio
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la inoperatividad de equipos clave, como el Body Scan de la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del SAG, sin gestiones vigentes para su reposición, lo que debilita las capacidades de fiscalización.
Asimismo, el único camión scanner de Aduanas revisa en promedio solo 16 camiones diarios y no cuenta con registros que respalden criterios de selección.
Medidas ordenadas por Contraloría
La Contraloría instruyó a la PDI restablecer el funcionamiento del Body Scan y garantizar presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos. Aduanas, en tanto, deberá aumentar la frecuencia de fiscalización y optimizar el uso del camión scanner.
El SAG tendrá que asegurar la operatividad del incinerador y mejorar procesos, mientras que la Delegación Presidencial deberá coordinar la reposición de equipos y reforzar infraestructura crítica.
El informe advierte que las actuales falencias representan un riesgo para la seguridad y el control fronterizo, en una zona clave para la migración, el tráfico ilícito y el ingreso de mercancías al país.
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