El Ministerio del Interior ha reiterado su disposición a negociar con la Xunta de Galicia para que se haga cargo del 50% de la financiación de la Unidad Adscrita de Policía, después de que el Ejecutivo autonómico llamara esta semana a encontrar una solución intermedia tras avisar de que, si no hay acuerdo, se plantea retirar a estos agentes de las tareas de protección a víctimas de violencia machista.
"La disposición del Ministerio del Interior es total, tanto con Galicia como con el resto de comunidades autónomas que disponen de unidades adscritas", han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Para Interior, la mejor prueba de esta disposición para llegar a un acuerdo es que el pasado mes de febrero logró firmar el convenio de Policía Adscrita con la Junta de Andalucía, que también está gobernada por el PP.
"Los acuerdos deben contemplar, como así lo dispone la ley, el compromiso para hacerse cargo de la financiación del 50% de las retribuciones de las unidades adscritas", han subrayado desde el Ministerio del Interior, que también espera firmar un acuerdo en esta materia con el Gobierno de Aragón.
En el acuerdo sellado con Andalucía, la Junta se comprometió a sufragar el 50% de las retribuciones del personal y asumir los gastos correspondientes a las inversiones y al mantenimiento de las instalaciones, así como de los medios técnicos y la contratación de servicios necesarios para que la unidad adscrita desarrolle su trabajo.
SITUACIÓN DIFERENTE EN GALICIA
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha argumentado esta semana que Galicia "está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas", ya que "presta servicios que en otras no se están prestando" y que, por ello, la financiación de la Unidad de Policía Adscrita "podría ser de otra manera".
En concreto, la Xunta argumenta que la protección en situaciones de violencia machista es de competencia exclusivamente estatal, pero desde 2016 se firmó un acuerdo para que Galicia cooperase en estas labores.
"La postura de la Xunta vela por los intereses de las víctimas, de los gallegos", se defendió Calvo tras las críticas de los partidos de la oposición y también desde el Gobierno central, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por decir que se podían plantear dejar de prestar atención a las mujeres víctimas de violencia machista.
El conselleiro de Presidencia reiteró que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a llegar a un acuerdo entre la "posición defendida por Galicia y la defendida por el Ministerio" para alcanzar un "punto intermedio".
ASUMIR SÓLO LAS NUEVAS PLAZAS
La Unidad de Policía Adscrita de Galicia cuenta actualmente con 338 agentes, pero con la aspiración de cubrir las plazas pendientes y completar la plantilla de 500 agentes. Actualmente, el Estado paga los salarios y la Comunidad gallega la productividad de los policías y resto de costes de funcionamiento de la unidad policial.
Ahora el Gobierno exige asumir las nóminas al 50% y que los gastos de funcionamiento sigan corriendo a cuenta de la Xunta. El Gobierno gallego, por su parte, plantea que las condiciones vigentes continúen para los efectivos actuales, y las nóminas correspondientes a la cobertura de las nuevas plazas se asuman según las condiciones del Ministerio.
Las Policías Adscritas dependen orgánicamente de la Dirección General de la Policía, aunque funcionalmente lo hacen de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas, según los convenios firmados para asumir la seguridad de autoridades o instalaciones, la vigilancia de menores o la protección del medio ambiente y el patrimonio.
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