La discusión sobre la invariabilidad tributaria ha girado casi exclusivamente en torno a cómo dar más certezas a la inversión. Mucho menos se ha discutido cómo hacer que esa inversión contribuya al desarrollo del país.
La reforma tributaria del gobierno propone otorgar invariabilidad tributaria a las grandes inversiones. La lógica es evidente: quienes invierten millones de dólares necesitan certidumbre para tomar decisiones de largo plazo.
La invariabilidad tributaria también tiene costos para el Estado. Limita la posibilidad de capturar rentas futuras. Reduce la capacidad de adaptar la política tributaria cuando cambian las circunstancias. Y debilita una de las principales herramientas con que el Estado orienta el desarrollo económico. La política tributaria no solo recauda recursos; también permite incentivar determinadas actividades e impulsar las transformaciones productivas que el país decide promover.
La pregunta, entonces, es cómo compensar esos costos.
Una forma de compensarlos es condicionar la estabilidad tributaria al cumplimiento de compromisos verificables con los objetivos de desarrollo del país. Esos compromisos pueden incluir metas de empleo de calidad, inversión en innovación, desarrollo de proveedores locales, transferencia tecnológica o menores emisiones. También podrían contemplar mecanismos para que el Estado participe de rentabilidades extraordinarias cuando estas se produzcan.
No se trata de imponer nuevas cargas. Se trata de asegurar que una política pública tan poderosa también genere valor público. De hecho, este tipo de acuerdos es cada vez más común. Los gobiernos ya no entregan beneficios solo porque una empresa anuncia una inversión. Los condicionan al cumplimiento de compromisos verificables y hacen seguimiento a sus resultados.
Así, la estabilidad tributaria deja de ser un compromiso irrevocable y pasa a depender del cumplimiento de objetivos de interés público. Si una empresa no cumple los compromisos asumidos, el beneficio puede reducirse, suspenderse o revocarse.
California ofrece un buen ejemplo. Las empresas no reciben beneficios tributarios solo por anunciar una inversión. Deben suscribir un acuerdo con el Estado que establece metas verificables de empleo, salarios e inversión. Si no las cumplen, el beneficio se reduce o revoca.
California no es una excepción. En Estados Unidos, Canadá, Australia y varios países europeos, los incentivos a la inversión han evolucionado hacia acuerdos basados en desempeño. El Estado ofrece apoyo, pero lo condiciona al cumplimiento de compromisos verificables.
La experiencia internacional muestra que existe una alternativa. Los beneficios tributarios también pueden convertirse en una herramienta de desarrollo si se condicionan al cumplimiento de compromisos verificables con los objetivos del país.
Chile necesita atraer inversión. Pero la estabilidad tributaria no es una decisión sin costos: reduce la capacidad fiscal del Estado, limita su margen de acción futuro y debilita una herramienta fundamental de política pública.
Si el Congreso decide avanzar en la invariabilidad tributaria, el verdadero desafío no es solo cuánta inversión adicional generará, sino cómo diseñarla para que esa inversión se traduzca en beneficios productivos y sociales que justifiquen esos costos.
En definitiva, la estabilidad tributaria no debiera entregarse por el solo hecho de invertir. Debería ganarse contribuyendo a los objetivos de desarrollo que el país ha definido como prioritarios.
*El autor de la columna es socio en Marshall | Johnson
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