El juez Hojjatoleslam Walmuslimin sostuvo que la determinación judicial respondió a una extensa investigación, con la recopilación de pruebas que vincularon al acusado con agresiones sexuales mediante engaño, fuerza e intimidación. Según el portal de noticias Mizan, citado por distintas fuentes judiciales, la resolución final se adoptó tras confirmar los indicios recabados por las autoridades, quienes llevaron adelante la pesquisa conforme a las disposiciones vigentes. El magistrado indicó que se trató de actos con la finalidad de humillar y dañar a las víctimas, y que la decisión fue refrendada por el Tribunal Supremo tras una revisión a fondo del caso. La noticia principal, consignada por Mizan y reproducida por agencias internacionales, corresponde a la ejecución pública de una persona hallada culpable de haber abusado sexualmente de dos mujeres en la localidad de Bastam, provincia de Semnan, en el norte de Irán, en cumplimiento de la pena capital decidida por la justicia iraní.
De acuerdo con lo informado por Mizan y agencias de noticias internacionales, el hombre había sido declarado culpable de violar mediante fuerza y amenazas a dos mujeres, a quienes también coaccionó bajo la amenaza de dañar su reputación. El tribunal local encontró fundamentos suficientes para dictar la condena a muerte, al considerar la peligrosidad de los hechos y su impacto sobre la seguridad y la moralidad social. El proceso judicial, según consignó el medio iraní, incluyó una revisión detallada tanto en el tribunal de primera instancia como en la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo, que validó la legalidad del fallo y su conformidad con la ley islámica vigente en el país.
El juez Walmuslimin, citado por Mizan, explicó que la sentencia fue resultado de una investigación prolongada, durante la cual se analizaron diversas pruebas y testimonios relacionados con los incidentes. La ejecución se realizó en público, una práctica empleada en Irán en ciertos casos considerados de gravedad social particular. Según la información divulgada, la identidad del condenado no se difundió de manera oficial y el comunicado judicial subrayó la naturaleza agravada de los hechos imputados, alegando la existencia de un propósito deliberado de atentar contra el honor y la dignidad de las víctimas.
Tal como detalló el portal de noticias Mizan, la ejecución se presentó como una respuesta ejemplificadora frente a delitos que la legislación iraní clasifica como atentados contra la moral pública y amenazas a la seguridad social. Las autoridades judiciales locales manifestaron que la lucha contra los crímenes de abuso sexual y la preservación de los valores tradicionales ocupan un lugar prioritario en la agenda judicial provincial. "Tomar medidas decisivas contra los delitos contra el honor y las conductas que amenazan la seguridad moral de la sociedad es una de las prioridades del sistema judicial provincial iraní, y la emisión de este tipo de sentencias refleja la determinación de las autoridades", manifestó el juez citado por Mizan.
El procedimiento, detalló la fuente judicial, siguió los estándares legales nacionales y contó con las aprobaciones requeridas por la normativa islámica vigente en el sistema penal del país. El tribunal, sostuvo el juez Walmuslimin, evaluó en profundidad los hechos y, tras concluir la responsabilidad penal del acusado, consideró la ejecución en público como una forma de prevención y disuasión ante incidentes de similares características. Numerosas fuentes, incluyendo declaraciones recogidas por Mizan, enfatizaron que la decisión buscó transmitir un mensaje de firmeza institucional en defensa del honor individual y de la protección social frente a conductas consideradas especialmente dañinas.
El caso se suma a otros procesos judiciales en Irán donde la aplicación de la pena capital se vinculó con delitos considerados especialmente graves por las autoridades, como los vinculados al abuso sexual o la afectación de la moralidad pública. La prensa iraní y las informaciones judiciales especificaron que estos delitos se sancionan bajo el marco legal islámico y que la sucesión de instancias judiciales, incluida la revisión por el Tribunal Supremo, integra un procedimiento destinado, según las autoridades, a garantizar el cumplimiento legal y la evaluación exhaustiva de los hechos.
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