El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, justificó este lunes la decisión de Washington de retirar las visas a tres altos funcionarios del gobierno chileno, señalando que se trata de una determinación soberana, vinculada a riesgos en infraestructura crítica de telecomunicaciones.
En un punto de prensa, el diplomático cuestionó que representantes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric manifestaran sorpresa, descartó que la acción sea un mensaje al futuro gobierno de José Antonio Kast y advirtió posibles efectos en el intercambio de información bilateral.
La medida fue anunciada el viernes por el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, e involucra al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y al jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Según el Departamento de Estado, los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron o apoyaron actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.
La referencia apunta a un proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile para unir Valparaíso con Hong Kong, que competiría con el tendido ya adjudicado a Google. Tras conocerse la sanción, la Cancillería citó a Judd y entregó una nota de protesta, acusando que la decisión “vulnera la independencia y la soberanía” de Chile.
“Es irrisorio”
En su intervención, Judd afirmó estar “profundamente decepcionado” de abordar temas migratorios en lugar de cooperación económica y de seguridad, pero recalcó: “Es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene derecho a una visa”. Añadió que, semanas antes, Estados Unidos compartió información con autoridades chilenas sobre “incursiones en sistemas de telecomunicaciones por actores malignos extranjeros” que habrían puesto en riesgo datos personales de usuarios.
“Esta incursión específica estuvo dirigida a múltiples compañías privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”, agregó.
Consultado por la reacción del Ejecutivo, señaló que “es irrisorio” que estén sorprendidos, asegurando que sostuvo múltiples reuniones previas con ministros y funcionarios. También descartó que la sanción sea un mensaje político: “No, para nada”, sostuvo, indicando que las consecuencias recaen sobre quienes adoptaron las decisiones cuestionadas.
“Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”, sostuvo.
Finalmente, el embajador advirtió que el caso generó preocupación en Washington respecto de la capacidad de Chile para resguardar información sensible y que ello “podría obligar a revisar todos los espectros de intercambio de información” vigentes entre ambos países, incluidos programas de cooperación que benefician a la población chilena.
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