Jorge Quiroz: El consultor de las colusiones que desinformó en Toronto sobre los impuestos canadienses impone su ley en Chile

El mismo ministro de Hacienda que entregó información falsa (no fue una metáfora) ante 500 inversores internacionales en Toronto —citando mal la tasa corporativa canadiense para justificar una rebaja de impuestos a las grandes empresas chilenas— impuso de madrugada su paquete de leyes neoliberales en el Congreso.

Pasadas las 5 AM del jueves 14/5, tras una sesión maratónica, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó el megaproyecto del gobierno: Jorge Quiroz, el consultor cuyo «modelo» figura en los fallos judiciales de la colusión del pollo y que declaró ante el TDLC que en el caso de las farmacias «no existen indicios de colusión», logró lo que vino a buscar.

El oficialismo neutralizó la estrategia llamada de «tsunami» opositora —cerca de 2.000 indicaciones ingresadas para dilatar y reescribir el proyecto— y la Comisión, presidida por el diputado republicano Agustín Romero, aprobó casi la totalidad de los 50 artículos de la iniciativa.

Hubo consensos puntuales, como el fondo para zonas afectadas por incendios, que se aprobó por unanimidad, y fisuras en el propio oficialismo: la eliminación de la franquicia Sence y la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual para uso de inteligencia artificial fueron rechazadas incluso con votos de diputados de gobierno.

Pero el núcleo del proyecto —rebajas tributarias a las empresas, invariabilidad tributaria de 25 años para grandes inversores, desregulación ambiental— avanzó intacto. El hombre que en Toronto usó a Canadá como coartada tiene hoy su reforma más cerca que nunca.

El currículum que El Mercurio no publica

Jorge Quiroz lleva tres décadas haciendo exactamente una cosa: asesorar a las empresas más grandes de Chile cuando tienen un problema con la ley. No con la ley penal —eso es para otros— sino con la libre competencia, la regulación tarifaria y los organismos que, en teoría, protegen a los consumidores.

Su consultora, Quiroz & Asociados, es la dirección a la que llaman cuando una empresa necesita que alguien con doctorado de Duke le dé un barniz académico a lo que de otra manera se llamaría, simplemente, trampa. El currículum es notable en su coherencia:

Los pollos. Entre 1994 y 2010, Agrosuper, Ariztía y Don Pollo se coludieron para repartirse el mercado avícola y fijar precios al antojo del cartel. El mecanismo central era un modelo de proyección de demanda que determinaba cuánto debía producir cada empresa para que ninguna compitiera con las otras. Ese modelo lo diseñó Jorge Quiroz. En la industria lo llamaban, con notable falta de vergüenza, «el modelo Quiroz».

Los correos electrónicos pesquisados por la Fiscalía Nacional Económica muestran a ejecutivos del cartel coordinándose para «introducirle pequeños ajustes» al modelo, trabajando directamente «con la oficina de Jorge Quiroz». El TDLC condenó a las empresas. La Corte Suprema confirmó multas equivalentes a decenas de millones de dólares. Los consumidores chilenos pagaron el pollo más caro de lo que debían durante dieciséis años. Un exejecutivo de Don Pollo declaró ante el tribunal que las cuotas se definían «a partir de análisis que hacía Jorge Quiroz».

Nadie fue a la cárcel: la colusión había sido despenalizada por un acuerdo entre el gobierno de Lagos y el gran empresariado. Casualidades de la historia.

Las farmacias. Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand —que concentraban el 92% del mercado— coordinaron el alza de precios de 206 medicamentos: anticonceptivos, antibióticos, fármacos para diabetes, para el Parkinson.

Mientras los enfermos crónicos pagaban más por sus remedios, Quiroz declaró ante el TDLC como perito de Salcobrand y aseguró, con toda la autoridad de su doctorado, que «no existen indicios de colusión en este mercado» y que lo que se observaba era una «rivalidad de precios bastante evidente». Los correos electrónicos de coordinación de precios, que el tribunal calificó como prueba directa, no parecieron impresionarlo. El TDLC condenó a las empresas de todas formas. Quiroz pasó a otro cliente.

Las navieras. La Fiscalía Nacional Económica acusó a varias empresas de coordinar precios en el transporte marítimo de automóviles. Quiroz elaboró un informe para Mitsui, matriz de una de las acusadas. La Corte Suprema terminó imponiendo multas de 30 millones de dólares al cartel. Quiroz pasó a otro cliente.

El asfalto. Un cartel entre Enex, Asfaltos Chilenos, Química Latinoamericana y Dynal para repartirse el mercado. Quiroz elaboró informes en defensa de Asfaltos Chilenos. La Corte Suprema sancionó la colusión. Quiroz pasó a otro cliente.

El patrón es de una regularidad casi admirable. Cada vez que una empresa grande en Chile era pillada en un cartel, sabía a quién llamar. Better call Quiroz.

En Toronto: La mentira con traje

En este contexto, el episodio de Toronto adquiere una lógica perfecta. Ante 500 representantes del mundo financiero internacional reunidos en el Chile Day 2026, Quiroz presentó a Canadá como modelo de baja tributación corporativa: una tasa del 13%, dijo, frente al 27% de Chile.

La conclusión implícita era luminosa: si Canadá funciona con impuestos bajos a las empresas y aun así tiene salud gratuita y pensiones dignas, Chile puede hacer lo mismo rebajando la tasa corporativa del 27% al 23%.

El problema es que el dato era falso. La tasa federal canadiense es del 15%, no del 13%. Y eso es lo de menos. Cuando se suma el impuesto provincial —el que Quiroz omitió con la misma elegancia con que sus clientes omitían mencionar sus reuniones de cartel— la tasa combinada en Ontario, donde está Toronto, llega al 26,5%. En Columbia Británica es del 27%, en Quebec es de 26,5%. Una empresa grande en Toronto paga prácticamente lo mismo que una empresa chilena hoy.

Nadie en el auditorio lo ignoraba. Todos aplaudieron igual. Porque en esa sala no había consumidores de pollo ni pacientes comprando remedios para el Parkinson. Había inversores que querían escuchar que sus impuestos en Chile iban a bajar.

Y lo que Quiroz tampoco mencionó —porque habría arruinado el argumento— es que Canadá financia su salud universal, su educación pública y sus pensiones dignas precisamente porque el resto de su sistema tributario es radicalmente más exigente que el chileno: impuesto a la renta personal con tasa marginal máxima que supera el 53% en Ontario, IVA del 13% combinado federal y provincial, cotizaciones obligatorias robustas.

Canadá no tiene buenos servicios públicos a pesar de tener impuestos; los tiene gracias a ellos. Solo que los cobra donde realmente hay dinero: en las personas de altos ingresos y en las empresas. Eso, naturalmente, no era parte de la presentación.

Un gobierno con los intereses patronales bien puestos

Quiroz no llega solo al Ministerio de Hacienda. Llega en un gobierno donde el canciller es Francisco Pérez Mackenna, quien durante 28 años fue el gerente general de Quiñenco, el holding no minero del Grupo Luksic, una de las tres mayores fortunas de Chile. El hombre presidió los directorios de CCU, Vapores, Banco de Chile. Dejó el cargo el 31 de enero de 2026. Asumió como ministro el 11 de marzo.

El Grupo Luksic, por su parte, tiene intereses en sectores que van desde la banca hasta la minería, pasando por el transporte marítimo y los ferrocarriles. El canciller que negocia acuerdos comerciales y política exterior es el mismo que hasta hace meses velaba por esos intereses desde la gerencia general.

No es un gobierno capturado por el mundo empresarial. Es un gobierno donde el mundo empresarial llegó directamente al escritorio.

Lo que pasó a las 5 de la mañana

A esa hora, cuando la mayoría de los chilenos dormía, la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado republicano Agustín Romero, despachó el megaproyecto.

La rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. La invariabilidad tributaria de 25 años para inversiones superiores a 50 millones de dólares, una garantía legal de que ningún gobierno futuro podrá subir los impuestos a los grandes inversores, por muchas urgencias sociales que tenga. La desregulación ambiental. Todo eso avanzó.

Lo que no avanzó, porque hasta el oficialismo lo rechazó, fue la eliminación de la franquicia Sence —el instrumento que permite a las empresas descontar de impuestos sus gastos en capacitación de trabajadores— y la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual para regularizar el uso de obras en inteligencia artificial. Pequeñas derrotas que el gobierno puede asumir. El núcleo de la reforma llegó intacto al siguiente trámite.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFE) advirtió que, sin financiamiento adicional, el déficit fiscal se proyecta hasta 2050. El FMI alertó que el subsidio al empleo costará 1.400 millones de dólares anuales. Ambas advertencias técnicas quedaron en el informe de comisión, que nadie leerá. Lo que sí quedará es la ley. La misma que diseñó el consultor de las colusiones, el hombre que mintió en Toronto, el economista que siempre ha sabido exactamente para quién trabaja.

Leopoldo Lavín Mujica

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