SEÑOR DIRECTOR:
Justo cuando la jornada laboral debe bajar de 44 a 42 horas, el nuevo gobierno ha comenzado a hablar de “revisar” o “corregir” la ley de 40 horas. El efecto político es evidente: se instala incertidumbre sobre un derecho laboral aprobado por el Congreso y que hoy está en plena aplicación.
La reducción de la jornada fue ampliamente valorada porque mejora la calidad de vida sin afectar las remuneraciones. Sin embargo, vuelve la vieja tesis de que los derechos laborales frenan el empleo, una lógica que termina justificando el trabajo precario para aumentar las ganancias de las empresas. Los trabajadores necesitan certezas. Chile debe avanzar en derechos y no ponerlos en duda cada vez que cambia un gobierno. El llamado “gobierno de emergencia” debe buscar la forma de seguir apoyando a las Pymes y promover el empleo decente. Eso no se hace a costa de retroceder en los derechos de las familias trabajadoras.
Alejandra Placencia Cabello
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