El Ciudadano
El condenado a 15 años por el asesinato de Romario Veloz se perfila como el primer beneficiado por los indultos presidenciales.
Bajo el mando de la Unidad Fundamental de Emergencia el 20 de octubre de 2019, José Santiago Faúndez Sepúlveda instruyó a sus subordinados a conformar cadenas de tiradores y abrir fuego con fusiles de guerra contra civiles en las inmediaciones del Mall Plaza La Serena. En medio del caos, el oficial no solo ordenó el uso de munición real cuando los saqueos ya habían sido frenados, prohibió prestar ayuda a los heridos que se desangraban en el pavimento mientras mandaba el repliegue de sus tropas, según acreditó la justicia. Esta conducta fue interpretada por los magistrados como una grave falta de auxilio humanitario y una muestra de indolencia frente al resultado de sus propias instrucciones.
La figura de Faúndez representa al militar de formación rígida que muy lejos de la autocrítica, defiende su actuar como una respuesta legítima bajo un Estado de Excepción. Recientemente, José Kast afirmó que «voy a utilizar la facultad de indulto para personas que defendieron la patria», al confirmar que la facultad presidencial es revisable y se aplicará caso a caso. Esta postura provocó un sismo político, considerando que el oficial nunca manifestó un arrepentimiento público hacia la familia de Romario Veloz ni hacia las otras víctimas que sobrevivieron con lesiones graves.
Según informes de la Comisión de Sanidad del Ejército, detrás del uniforme y las medallas se esconde un hombre que quedó quebrado psicológicamente tras el proceso judicial y la condena. Los peritajes revelaron un trastorno adaptativo derivado del estrés del servicio, situación que la institución castrense utilizó para intentar gestionar su baja inmediata. Esta condición médica no fue un simple dato clínico, sino una estrategia para asegurar su futuro económico mediante una jubilación por inutilidad de segunda clase.
El Ejército de Chile, bajo el mando de Javier Iturriaga en 2024, intentó tramitar para Faúndez una pensión vitalicia que rondaba los 2 millones de pesos mensuales. Esta jugada administrativa buscaba que el Estado premiara con un sueldo de por vida a un uniformado que la Corte Suprema calificó como autor de violencia innecesaria con resultado de muerte. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de la administración de Gabriel Boric frenó el decreto al percatarse de que la sentencia incluía la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En las unidades militares se destaca que Faúndez siempre fue un oficial de mando directo, pero su relación con los subordinados quedó expuesta durante el juicio oral. Los soldados conscriptos declararon que dispararon sus fusiles SIG y Galil siguiendo órdenes estrictas de su superior. Al ser el oficial de mayor rango y experiencia en el lugar, la justicia determinó que el acusado tenía la capacidad de distinguir que el uso de munición de guerra era desproporcionado e innecesario para el control del orden público.
Su defensa siempre sostuvo la tesis de una supuesta persecución política, llegando hasta la Corte Suprema con un recurso de queja rechazado en mayo de 2025, pero el máximo tribunal descartó cualquier falta o abuso de los jueces de La Serena, ratificando que el capitán actuó con plena conciencia y voluntad de realizar el acto incriminado. Pese a la contundencia del fallo, el oficial mantuvo su postura de justificar sus actos por lealtad institucional y cumplimiento estricto de los reglamentos militares vigentes en 2019.
Las opiniones en la esfera política se dividen ante la inminencia del beneficio presidencial para el uniformado. El presidente del PPD, Jaime Quintana planteó que «puede haber alguna situación de injusticia», sugiriendo que cada caso debe verse en su mérito, aunque reconoció que hubo daños y excesos policiales acreditados. En contraste, el oficialismo de Kast abraza al capitán como un símbolo de quienes cumplieron con su deber en un momento de violencia extrema.
Para las familias de las víctimas, la noticia del indulto es una bofetada tras años de esfuerzo por conseguir una verdad judicial que ahora parece desvanecerse. El caso de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano que residía en La Serena, se convirtió en un emblema de la represión estatal que el Gobierno de Kast busca archivar apelando al perdón.
Actualmente, el oficial espera en su lugar de reclusión que el decreto presidencial se concrete para recuperar su libertad antes de cumplir los 15 años de condena. La mezcla de gestiones para los beneficios previsionales y la rapidez del perdón presidencial transformarían su caso en un ejemplo de protección institucional. Es un uniformado que para la justicia fue un victimario indolente, pero que para el Ejecutivo es un agente que debe ser rescatado del castigo penal.
Entre el diagnóstico de trastorno mental y la inhabilitación perpetua impuesta por la ley, el capitán José Santiago Faúndez Sepúlveda se volvería el pionero de la nueva política de indultos. El perdón que se le avecina no borra los disparos en la Ruta 5 Norte, pero sí redefine las prioridades éticas del ciclo político que atraviesa el país.
La entrada José Faúndez: el capitán que ordenó matar en La Serena y ahora espera el «perdonazo» de Kast se publicó primero en El Ciudadano.
🔥 Ver noticia completa en ElCiudadano.cl 🔥
