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Jueces para la Democracia (JJpD) ha manifestado este miércoles su "honda preocupación" por el contenido del acuerdo de Gobierno suscrito por PP y VOX en Andalucía, que ha permitido la investidura del presidente de la Junta y que da a Vox la consejería, con rango de vicepresidencia, de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El pacto, de 150 medidas, dedica su punto 2 a inmigración; el punto 4 a familia y el punto 9 a Justicia, tres ámbitos en los que el acuerdo supone, a juicio de la asociación, "un retroceso en derechos para colectivos especialmente vulnerables".

En materia de inmigracias, recoge la nota de JJpD, el acuerdo se opone a los mecanismos de reparto de inmigrantes, tanto menores como mayores; elimina las subvenciones a ONG que trabajan por los derechos de los menores migrantes y postula trabajar "activamente" para devolver a los menores que llegan solos a sus países de origen. "Se obvia así, de manera directa, el principio del interés superior del menor plasmado en textos nacionales como la LO 4/2000, y en textos internacionales de los que España es parte, como la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, o la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y la Directiva 2024/1346".

Se apunta también, remarca la entidad, a la existencia de fraude en los sistemas de verificación de la edad de los menores y se promueve el endurecimiento del régimen de los centros de menores. "Debemos recordar que según la normativa nacional e internacional citada el internamiento de menores es la última medida a adoptar y antes del mismo deben promoverse condiciones adecuadas de acogida que favorezcan el desarrollo general de los mismos".

En materia de familia, el acuerdo de Gobierno "pretende aprobar" una nueva Ley de Familia en Andalucía con el propósito de fomentar la natalidad y reconocer el valor social de la familia, para lo que "emplea una redacción ambigua y generalizada que no contiene ninguna mención a una materia tan sensible como es la violencia contra la mujer, necesitada de recursos y personal especializado".

En el apartado Justicia, "mostramos nuestra inquietud y rechazo por medidas como la mención a la preferencia de los españoles "con respeto al marco legal vigente" para conseguir que vean reconocido en el menor tiempo posible el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, apuntando a un reconocimiento indiscriminado de este beneficio a los extranjeros, que contrariamente a lo señalado, son titulares de dicho derecho según los artículos 14 y 119 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley de asistencia jurídica gratuita". Dicho pacto contempla "expresamente" a las víctimas del terrorismo, pero "no contiene ninguna mención a las víctimas de violencia de género".

JJpD no puede permanecer al margen de un acuerdo que, en estos tres ámbitos, se aparta de la Constitución Española y de la normativa nacional e internacional aplicable. Reclamamos que cualquier desarrollo normativo de este pacto respete el interés superior del menor, incorpore de forma expresa la perspectiva de género y garantice sin condicionamientos el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas, con independencia de su origen o situación administrativa.