|  LaTercera.com |  Noticias

Vándalos e incivilidades.

Ha sido de lo más comentado después de la cuenta presidencial en la esfera pública. Qué castigar y cómo castigar en materia de vandalismo y faltas al orden. Si es constitucional o no, clasista o no, lo propuesto por el Presidente Kast en su cuenta del 1 de junio, de quitar beneficios sociales a quienes cometan vandalismo o incivilidades, como las que esbozó el jefe de Estado. También se debate qué pasa con otras incivilidades, de igual o mucho mayor perjuicio social, pero frente a las cuales se hace la vista gorda muchas veces. En definitiva, el debate es acerca de cómo se abordan las transgresiones a las reglas -transgresiones que a todos irritan y afectan, no hay duda- de un modo justo y equivalente, que no atente ni contra la Constitución ni contra la igualdad frente a la justicia.

Y a propósito de aquello, un tema fundamental acerca de la igualdad ante la justicia se espera que se trate mañana lunes, en el pleno de la Corte Suprema. El máximo tribunal abordará una cuestión candente, simbólica y de amplias consecuencias, como es el caso de los jueces sumariados por viajar con licencia médica. La contralora Dorothy Pérez, al cruzar datos de licencias con viajes, detectó hace un año que los enfermos viajeros eran muchos en Chile, miles, y que le cuestan al país mucho dinero. Pero la sorpresa del informe no fue solo esa, sino que incluye también a autoridades encargadas de hacer valer las leyes, impartir justicia, trabajar para que las reglas sean parejas para todos. Jueces que debieran encarnar, en su actuar, la importancia de cumplir las reglas, para partir.

Entonces, mientras el debate público de esta semana ha discurrido en torno al vandalismo y a los incivilizados -esos que piensan que las reglas aplican para el resto, pero no para ellos-, el máximo tribunal debe resolver qué hace con quienes dentro del propio seno del Poder Judicial piensan, en el fondo, de ese mismo modo. Que las reglas y normas no aplican para ellos, para quienes tienen la enorme responsabilidad de castigar al resto. Y, a diferencia de lo sucedido con funcionarios públicos ajenos a la judicatura -muchos despedidos-, los jueces estaban quedando sin sanción.

En conversación con La Tercera hace una semana, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, sostuvo que “la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global”.

No adelantó opinión, y pidió esperar la decisión “para que la sociedad pueda sacar sus conclusiones”. Pero es difícil exagerar la importancia de la decisión que tienen frente a sí mismos las y los supremos. Al analizar qué pasará con todos los sumarios que se abrieron contra los jueces que viajaron al exterior con licencia médica, el pleno les dará una señal a los suyos, al resto de los poderes del Estado y a toda la sociedad.

Tras una racha de años horribles, con ministros destituidos, con el caso Hermosilla como una caja de Pandora difícil de cerrar, y con la exministra Vivanco -otrora vocera, ni más ni menos- ahora en prisión preventiva, esposada y con pechera amarilla, si el máximo tribunal del Poder Judicial no predica con el ejemplo, todos los esfuerzos por restituir su alicaída y dañada credibilidad serán nulos.

Si mira para el techo con los jueces viajeros, se caerá la legitimidad mínima que un poder del Estado debe poseer. Se volverá a fojas cero, más allá de todos los esfuerzos de la presidenta Gloria Ana Chevesic por combatir la corrupción y las malas prácticas.

Porque, ¿cómo las personas podrían comprender que la justicia sea tan miope respecto a sí misma? ¿Que quienes imparten justicia crean que, en realidad, esta es para los demás y no para sí mismos? ¿Que haya funcionarios públicos destituidos y jueces impunes por la misma conducta?

Los y las supremas tienen las facultades para hacer lo correcto. El pleno -por mayoría- puede ocupar la facultad del artículo 80 de la Constitución y abrir cuadernos de remoción. Es lo que corresponde para quienes incurrieron en una conducta no sólo reprochable desde el punto de vista legal, sino éticamente inaceptable, más aún para quienes deben juzgarse con igual o más severidad con la que juzgan al resto de los ciudadanos; nunca con menos. No siendo jueces blandos de sus propias transgresiones.

¿Qué les van a decir, si no, a quienes sufren las consecuencias de sus dictámenes por haberse saltado la ley? ¿O qué le dirán a un joven -si la iniciativa presidencial prospera, pues es muy popular- que pierda la gratuidad universitaria porque incurrió en una incivilidad?

Si los jueces zafan, sería una incivilidad de marca mayor.