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Las acusaciones constitucionales tramitadas en el poder Legislativo representan una de las prácticas más deleznables de la política. No importa quién sea el imputado cuando finalmente casi todos éstos resultan absueltos por la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Más que comprobar la responsabilidad en los ilícitos cometidos por los ministros de Estado, lo que logran estas investigaciones es finalmente concluir en la inocencia de quienes presuntamente faltaron a sus deberes, así como garantizarles su definitiva impunidad.

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