La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado este lunes que han pedido la comparecencia en la Cámara del presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya ordenado que se ejecute provisionalmente la sentencia que anulaba parte del decreto sobre el catalán en escuelas.
En rueda de prensa desde el Parlament, Sales ha remarcado que esta comparecencia es urgente para que expliquen "qué acciones piensan llevar a cabo frente a este ataque permanente al modelo de escuela catalana".
"En un momento de máxima emergencia hay silencios que no deberíamos permitir", y ha afirmado que ve falta de compromiso de Illa, lo que cree que le hace cómplice de la situación.
Ha abogado por dar una respuesta unitaria y contundente del lado de la comunidad educativa y las entidades que dan apoyo a la lengua ante la decisión del TSJC.
También ha lamentado que Catalunya sufre "una cruzada contra la lengua por todas las vías posibles, internas y externas", y ha señalado que entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe buscan la crispación y atacar un modelo de éxito.
"NUEVA INJERENCIA"
En referencia a la justicia, ha dicho que se trata de "una nueva injerencia" contra unas leyes, dice, aprobadas en el Parlament mediante un amplio consenso, por lo que ha instado al Govern a defenderlas hasta el último momento.
"Desafortunadamente la justicia continúa haciendo política y no justicia y, por tanto, el posicionamiento que hace es de seguir recortando derechos lingüísticos, también en el ámbito educativo, y nosotros queremos una respuesta contundente y de país", ha insistido.
PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA
También se ha referido al Pacte Nacional per la Llengua, que Junts no firmó, y ha lamentado que es "más un escaparate que una concreción" y que ha demostrado tener muchas deficiencias, según ella.
Ha reafirmado la decisión de Junts de no adherirse al pacto porque creen que no se resolvía qué posición debe adoptar el Govern ante sentencias como esta y no abordaba la oficialidad del catalán en Europa, lo que afirma que son líneas rojas para ellos: "Ninguna de las dos cosas es hoy una realidad".
También se ha referido a la creación de una oficina de derechos lingüísticos que, subraya, debería haber sido una realidad antes de finales de 2025, según una moción aprobada por el Parlament.
"Queremos un Govern que de respuesta a las injerencias judiciales, que de respuesta a la vulneración de derechos, pero lo primero que debe hacer es aplicar en primer término lo que dice el Pacte Nacional per la Llengua", ha zanjado.
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