La justicia australiana dejó en acuerdo la resolución sobre la solicitud de extradición de Adriana Rivas, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sin fijar una fecha para la sentencia definitiva, en un proceso que se arrastra por más de una década y que mantiene en vilo a familiares de víctimas de la dictadura.
La audiencia se desarrolló este lunes en la Corte Federal de Australia, instancia en la que la defensa de Rivas insistió en que, de concretarse su extradición, podría enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad, pese a que la solicitud formal presentada por Chile se basa en siete delitos de secuestro agravado.
Uno de los puntos centrales expuestos en el tribunal fue la posible recalificación de los hechos. Mientras Australia evalúa la extradición bajo figuras penales comunes, las autoridades chilenas sostienen que los delitos se enmarcan en un contexto sistemático de violaciones a los derechos humanos, lo que implicaría su carácter imprescriptible.
Frente a esto, el Gobierno australiano aseguró que Chile ha entregado garantías de que Rivas será juzgada exclusivamente por los delitos incluidos en la solicitud, subrayando además que el secuestro estaba tipificado en ambos países al momento de los hechos.
El caso se remonta a 2014, cuando Chile solicitó formalmente la extradición. Sin embargo, Rivas —hoy de 72 años— ha mantenido una extensa batalla judicial desde su detención en Australia en 2019, buscando evitar su retorno al país.
La mujer está vinculada a una serie de delitos ocurridos durante la dictadura, incluyendo secuestros, desapariciones y torturas de opositores políticos.
Entre los casos que se le atribuyen figura el secuestro de Víctor Díaz en 1976, además de la desaparición de otras víctimas cuyos restos aún no han sido encontrados.
Desde la representación de las víctimas, la abogada Adriana Navarro manifestó que las familias esperan una pronta resolución tras décadas de búsqueda de justicia, destacando el compromiso de las autoridades australianas con el proceso.
“No hemos podido obtener mucha información”, señaló, subrayando el desgaste que implica la prolongación del caso, especialmente considerando el tiempo transcurrido desde los hechos.
Por ahora, el tribunal no ha establecido un plazo para el fallo, el que podría conocerse en semanas o incluso meses, prolongando la incertidumbre en un caso emblemático que pone a prueba la cooperación judicial internacional en materia de derechos humanos.
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