El Ciudadano
La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a $110 millones la indemnización para S.R.M.C., una mujer mapuche que a sus 19 años fue detenida y sometida a torturas y violencia sexual por agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico-militar, en octubre de 1973 en la comunidad lafkenche de San José de Mariquina.
En un fallo que marca un hito en la reparación a víctimas mapuche del régimen de Augusto Pinochet, la Tercera Sala del tribunal de alzada —presidida por la ministra Graciela Gómez Quitral, junto al ministro Sergio Córdova Alarcón y el abogado integrante Rafael Plaza Reveco— confirmó la sentencia del 26º Juzgado Civil de Santiago, aunque con una modificación sustancial: aumentó el monto resarcitorio al considerar que la suma original resultaba insuficiente frente a la magnitud del daño acreditado.
El tribunal de alzada estableció que los antecedentes permiten concluir que «tanto el tiempo de privación de libertad, como las condiciones en que experimentó la misma, el tipo de tratamiento cruel e inhumano a que fue sometida, constituyeron un conjunto de aflicciones que fueron padecidas por una joven de diecinueve años de edad«, generándole «una experiencia traumática con severas consecuencias de gran daño físico y psicológico, las que ha experimentado a lo largo de su vida».
Indicó que estos vejámenes «interrumpieron su proyecto de vida de manera drástica y definitiva», configurando una «situación difícil de superar por el paso del tiempo por su edad y grado de evolución al momento de acaecer los hechos ilícitos».
La resolución planteó que para determinar el monto indemnizatorio debió considerarse «la condición de la persona que los padeció, en especial, en este caso, su pertenencia a una etnia y su edad«. Los jueces subrayaron que la víctima «no era adulta, a efectos legales, conforme el estatuto de la época», y que se hallaba «en etapa de formación».
El dictamen judicial planteó que estas circunstancias permiten «formular en mayor grado el reproche por los hechos generadores de responsabilidad, en atención a la vulnerabilidad de la ofendida y el abuso de poder que desplegaron los autores y por los cuales el Estado debe responder». En consecuencia, el tribunal de alzada declaró insuficientes los montos fijados originalmente y rechazó la pretensión del fisco de rebajar la indemnización.
«Vivía con el constante temor de ser abusada sexualmente y fusilada»
El relato que S.R.M.C. entregó ante la justicia describe con crudeza lo que significó para una joven de 19 años ver cómo su vida tranquila en la comunidad Lafkenche de San José de Mariquina se derrumbaba tras el golpe de Estado y la persecución a las familias mapuche.
La mañana del 31 de octubre de 1973, la comunidad fue allanada casa por casa, en búsqueda de supuestas armas y de los “peligrosos extremistas”, personas supuestamente vinculadas a partidos políticos de izquierda.
Cuando ingresaron a su hogar, la violencia fue inmediata, mientras amarraban a cada miembro de su familia, y se llevaban a los hombres, a ella la golpearon, la inmovilizaron boca abajo y la dejaron encerrada en su propia casa, custodiada por un efectivo. Al regresar los militares perpetraron acciones de violencia sexual en su contra. «Esa fue la primera de las tantas veces que abusaron de mí y me vulneraron en lo más profundo«, relató.
Durante ese período, los agentes la mantuvieron prisionera en su propio hogar, hostigándola y amenazándola a diario.
«Vivía con el constante temor de ser abusada sexualmente y fusilada; los agentes del Estado en muchas ocasiones abusaron de mí, aprovechaban cada ocasión para manosearme ostentando el poder de autoridad que tenían, para volver a vulnerarme manteniéndome amenazada de muerte», narró.
En ocasiones, los uniformados la sacaban de madrugada y la obligaban a correr en un campo de entrenamiento militar con obstáculos, mientras era apuntada con armas de fuego.
«Debí pasar esos obstáculos siendo apuntada con un arma, soportando el frio, la angustia, las humillaciones y el miedo a ser ejecutada mientras corría. Meses en que fui vulnerada todos los días, días que se convirtieron en una eternidad«, expuso.
Las torturas y violencia sexual que sufrió por parte de los agentes del Estado al servicio de la dictadura dejaron profundas secuelas físicas y psicológicas en S.R.M.C. que persisten hasta el día de hoy, impidiéndole llevar una vida con normalidad.
La resolución, que confirma la sentencia de primera instancia pero aumenta el monto indemnizatorio, sienta las bases para que otras víctimas mapuche de la dictadura puedan encontrar reparación judicial.
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