El Ciudadano
El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible la querella presentada por el Gobierno Regional de La Araucanía, en contra de exautoridades, directivos y asesores de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, por presuntos delitos de administración desleal y prevaricación en la ejecución de un programa de $9 mil millones.
En el caso está involucrado el exgobernador Luciano Rivas y la actual Seremi de Justicia del gobierno de José A. Kast, Stephanie Caminondo, quien era asesora jurídica de la mencionada Agencia cuando se ejecutó el programa Mipyme, motivo de la acción judicial. Ambos están querellados en la causa.
En un video, el gobernador regional y presidente del directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, René Saffirio, detalló que «el prejuicio al patrimonio regional supera los 5.800 millones de pesos, en el marco del programa de fondos concursables denominado Reactivación Económicas de las Mipymes».
«La denuncia expone que se manipularon los procesos de selección para favorecer a círculos de amigos y familiares de las autoridades, e incluso se alteraron las bases del concurso para admitir a 412 postulaciones que no cumplían con los requisitos legales», aseguró la autoridad regional de La Araucanía.
Para Saffirio, «cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia».
«Es importante precisar que no estamos persiguiendo personas, estamos exigiendo responsabilidades. Quienes recibimos el encargo de administrar recursos públicos, no recibimos un cheque en blanco para favorecer a algunos, sino para desarrollar la región y apoyar a los grupos vulnerables y ello es un mandato sagrado de probidad», enfatizó el gobernador.
Finalmente, René Saffirio afirmó que la administración desleal «es la traición a la confianza de toda la región. No vamos a permitir que las redes de intereses particulares ahoguen el desarrollo de La Araucanía».
En tanto, el periodista Nicolás Yáñez de N Prensa informó que por este caso, ya hay sumario administrativo y además la Contraloría tiene una investigación abierta en paralelo.
«Stephanie Caminondo era asesora jurídica de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo cuando se ejecutó el programa MIPYME. $9 mil millones distribuidos. El 65% de lo ejecutado fue observado por la administración siguiente», contó el periodista en una publicación en la red social X.
«El gobierno de Kast la designó seremi de Justicia de La Araucanía. No hay pronunciamiento oficial sobre si conocían los antecedentes al momento de la designación (…) La pregunta que el gobierno de Kast no ha respondido: ¿Sabían?», inquirió Yáñez.
Por su parte, según consignó La Tercera, un punto crítico del caso estaría en la Comisión de Evaluación Estratégica, «integrada por los querellados Luciano Rivas, Juan Pablo Leonelli y Cristian Salas, instancia encargada de definir los proyectos cuya adjudicación se recomendaba al Directorio. Sus miembros habrían intervenido a favor de personas vinculadas a su entorno sin inhabilitarse, eludiendo normativas de control y deberes de abstención», se lee en la nota del citado medio.
Seguiremos informando.
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