El Ciudadano
Por Matías Bosch Carcuro
«Hay personas pasando hambre porque no se atreven a salir de sus casas». La frase recorrió los medios internacionales a mediados de 2025 para describir la situación de miles de dominicanos y dominicanas perseguidos por ICE en Puerto Rico, territorio donde esta comunidad constituye el principal grupo migrante.
Bajo el persistente yugo colonial, la administración Trump intensificó en el archipiélago de Borinquen su política de «seguridad interior», desplegando un aparato represivo que entre 2025 y enero de 2026 ha dejado más de 40 muertes y ejecuciones extrajudiciales.
Frente a este escenario, el silencio del Presidente dominicano Luis Abinader ha sido absoluto. Primer mandatario empresario y multimillonario elegido democráticamente en el país, Abinader no ha emitido una sola declaración en defensa de sus connacionales, pese a que República Dominicana recibe anualmente cerca de 12 mil millones de dólares en remesas, enviadas en más de un 80 % desde Estados Unidos.
Por el contrario, su alineamiento obsecuente con la Casa Blanca se hizo explícito en noviembre de 2025, cuando recibió en el Palacio Nacional a Pete Hegseth, secretario de Guerra.
En un acto que vulnera abiertamente la Constitución dominicana, Abinader cedió la principal base aérea militar del país y áreas estratégicas del aeropuerto internacional de la capital para operaciones supuestamente orientadas al «combate del narcotráfico».
Diversas voces han denunciado que varios de los bombardeos estadounidenses a embarcaciones civiles se han efectuado en aguas dominicanas, y el apoyo logístico a la agresión militar perpetrada contra Venezuela el 3 de enero. El actual gobierno dominicano fue uno de los que bloqueó una condena regional desde la CELAC.
Pero la política migratoria de Abinader no se limita al silencio ante la persecución de dominicanos en territorios bajo control estadounidense. En el plano interno, ha instaurado un verdadero Estado de Excepción contra migrantes haitianos y contra cualquiera que «lo parezca», con un aparato de control que replica las prácticas de ICE.
Ese es el «modelo» que José Antonio Kast fue a observar durante su reciente visita a República Dominicana.
Kast recorrió la llamada «verja perimetral» fronteriza: un muro de hormigón y metal declarado «secreto de Estado». La escena fue elocuente: el futuro mandatario chileno exhibía la viabilidad de una versión local de su propuesta de «zanja» en la frontera norte de Chile; y Abinader mostraba por primera vez al mundo su obra emblemática.
El muro —el único entre dos países latinoamericanos— tendrá un costo cercano a los 2.000 millones de dólares, sin fiscalización pública, a lo largo de 391 kilómetros. Todo ello en provincias donde, según datos oficiales de 2021, el 64% de la población vivía en condiciones socioeconómicas bajas o muy bajas, solo el 37% de los hogares contaba con agua potable intradomiciliaria y más de la mitad carecía de servicios sanitarios o tenía, a lo sumo, una letrina.
El régimen de excepción que Kast elogia es aún más severo. En octubre de 2024, Abinader fijó una meta de 10.000 deportaciones semanales; para fines de 2025, estas superaban las 379.000. Las redadas incluyen dominicanos perfilados racialmente como haitianos y han dejado víctimas fatales, documentadas por la ciudadanía en videos que se postean en redes sociales.
A ello se sumó el protocolo denominado «Procedimiento de Gestión de Servicios de Salud a Pacientes Extranjeros», que convirtió hospitales y centros públicos en escenarios de persecución migratoria, incluso contra mujeres embarazadas y niños, disparando eventos obstétricos de riesgo, como los partos fortuitos, según registros del Servicio Nacional de Salud.
El informe «Salud sin estigmas», de Amnistía Internacional, documenta cómo la población haitiana es utilizada como chivo expiatorio para encubrir el colapso estructural de los servicios públicos, así como las consecuencias —en muchos casos letales— de estas políticas.
El estudio expone el uso demagógico del perfilamiento racial y de la figura del migrante pobre como «enemigo interno». Para Abinader, la élite y la ultraderecha dominicana, la cuestión es otra: una adaptación local del «MAGA» trumpista, del trato al inmigrante como «agente extranjero», y un espejo del proyecto de ley «Los chilenos primero» que impulsa la derecha chilena y sus aliados de turno.
Eso es lo que Kast celebró en República Dominicana, junto con su fascinación por el aeropuerto de Punta Cana: el de mayor flujo de pasajeros del país, construido con inversiones públicas estratégicas —como su radar Doppler—, pero mantenido como propiedad privada.
Un emblema de un modelo turístico que le provoca admiración y que está basado en la apropiación de tierras, el desalojo forzoso de comunidades, salarios bajos y amplios privilegios tributarios. Un «oasis» que resulta especialmente atractivo para un candidato que propone reducir en cerca de 4.000 millones de dólares los impuestos a grandes fortunas y ganancias de capital en Chile.
Si en el muro y el ICE dominicano Kast encuentra un referente, en El Salvador buscará concretar la reunión con Nayib Bukele y desplegar la apología del famoso CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), otro modelo de «mano dura» que la derecha chilena observa con atención.
Poco importará que El Salvador viva bajo Estado de Excepción desde 2022, con suspensión de garantías constitucionales, concentración de poder, reelección indefinida, eliminación de la oposición política, miles de denuncias por detenciones arbitrarias y al menos 43 periodistas exiliados solo en 2025.
La idea de utilizar el CECOT como destino de «exportación» de presos no es una fantasía: Kast y la derecha chilena lo prometieron profusamente en campaña, así como Trump ya lo ha puesto en práctica y lo ha celebrado públicamente junto a Bukele en la Oficina Oval.
Kast dirá que en su viaje dialoga con Lula «más allá» de las diferencias ideológicas. Diferencias que no existen con Abinader y Bukele, donde encuentra «modelos» y «ejemplos». Gobiernos que profundizan el neoliberalismo, refuerzan el poder oligárquico y normalizan el despotismo estatal radicalizando a la derecha sus poblaciones frente al “enemigo interno”, un detalle menor para la corriente internacional que reconoce en Trump a su líder y apoya ordenadamente su operación de poder colonial a escala global.
El viaje de Kast no tiene nada de exploratorio: es un mensaje contundente de lo que ofrecerá, una señal directa a Washington, y ganar tiempo en sellar una alianza en que la violencia de Estado, el disciplinamiento de los pobres, los privilegios de los ricos y el vasallaje geopolítico son las insignias de combate.
Matías Bosch Carcuro
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