El Ciudadano
Por Ricardo Manzur Carrasco
El 8 de abril de 2026, José Antonio Kast se paró frente a las cámaras, se hizo un examen de pelo para detectar drogas y declaró que cualquier autoridad pública debe estar ‘muy lejos de las redes del narcotráfico’. Era un martes. Ese mismo mes, su Ministerio de Hacienda propuso descontinuar el programa público de atención al alcohol y las drogas en los consultorios de todo Chile.
Ambas cosas nacieron del mismo gobierno. Y las dos dicen exactamente lo mismo sobre cómo Kast entiende el consumo de drogas en Chile.
El Instructivo N°16/2026 que emitió la Contraloría General de la República establece que ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio deberán someterse a exámenes toxicológicos mediante muestra de pelo al asumir sus cargos y repetirlos al menos dos veces al año, con resultados públicos. Los controles son sorpresivos: las autoridades deben ser informadas con no más de dos horas de anticipación. El incumplimiento puede derivar en sanciones. Es un mecanismo robusto, bien diseñado, con dientes reales.
Para las autoridades.
Para el resto de los chilenos, el mismo gobierno propuso eliminar el Programa de Salud Mental en la Atención Primaria, el Programa DIR APS de Alcohol, Tabaco y otras Drogas, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio y el PRAIS para víctimas de violaciones a derechos humanos. Los programas que atienden a quien vive el consumo problemático en un barrio donde el consultorio es la única puerta al sistema.
El Colegio de Psicólogos de Chile calificó esos recortes como ‘el desmantelamiento práctico total de la cobertura estatal en salud mental’. El mismo Estado que obliga a sus ministros a demostrar que no consumen, proponía retirar la única ayuda disponible para quienes ya dependen.
La pregunta que nadie está haciendo en el debate público es la más simple de todas: ¿qué ocurre clínicamente si una autoridad da positivo?
Recortar desde el último lugar de la OCDE en inversión en salud mental no es austeridad. Es deuda social acumulada con intereses.
El instructivo de Contraloría regula el procedimiento del test. No establece ningún protocolo de derivación a tratamiento. No menciona qué pasa médicamente con quien resulta positivo. Trata el consumo de sustancias como un problema de probidad administrativa. Un resultado positivo es un asunto disciplinario. La dependencia al alcohol o las drogas, reconocida como enfermedad del cerebro por la OMS y el DSM-5, desaparece del marco regulatorio en el momento en que quien la padece tiene cargo de gobierno.
Esa omisión dice algo sobre cómo este gobierno concibe el consumo de drogas: como un vicio de quien no tiene poder, y como un riesgo de imagen de quien sí lo tiene.
Lo que hacen otros países con el mismo problema deja poco margen para la duda.
En el Reino Unido, el National Health Service tiene protocolos obligatorios de derivación a tratamiento para cualquier funcionario público que presente resultados positivos en controles toxicológicos. El consumo problemático activa una ruta clínica, no un sumario. En Portugal, donde el consumo de drogas fue despenalizado en 2001 y trasladado a la tutela sanitaria, la política pública parte de un principio que Chile todavía no ha adoptado: quien consume con dependencia es un paciente, no un infractor. La reducción de muertes por sobredosis en Portugal desde entonces supera el 80%. En España, el Plan Nacional sobre Drogas incluye programas de intervención en el lugar de trabajo con protocolos clínicos de acompañamiento, no solo de detección.
Chile va en la dirección contraria. Invierte en detectar el consumo de sus autoridades y simultáneamente propone desmantelar la red de atención para quienes ya lo padecen.
El 39,2% de los adultos chilenos consumió alcohol en el último mes, según SENDA 2025. Casi la mitad de ese grupo reportó al menos un episodio de embriaguez en ese período. Solo uno de cada 12 personas con consumo problemático accede a tratamiento efectivo en Chile. La OMS calcula que por cada dólar invertido en salud mental el retorno para el país es de cinco dólares. Recortar desde el último lugar de la OCDE en inversión en salud mental no es austeridad. Es deuda social acumulada con intereses.
En noviembre de 2025, en el debate presidencial, Kast citó a la OCDE para señalar que Chile tenía un déficit grave en inversión en salud mental y prometió no recortar beneficios sociales.
Lo que cierra la brecha entre quienes necesitan ayuda y quienes la reciben no es un test de pelo obligatorio para ministros. Es una red de atención primaria que llegue a tiempo, con profesionales disponibles, antes de que el problema escale a urgencias, a juzgados, a familias que no saben por dónde empezar.
Mientras el Estado reduce esa red, plataformas como SinAdicciones.org sostienen lo que la política pública va dejando: más de 200 centros verificados en Chile y asesoría gratuita para quien necesita orientación antes de cualquier otro paso. Eso no es una solución. Es un parche sobre una política que prefiere medir la sobriedad de sus funcionarios antes que garantizar el tratamiento de sus ciudadanos.
En noviembre de 2025, en el debate presidencial, Kast citó a la OCDE para señalar que Chile tenía un déficit grave en inversión en salud mental y prometió no recortar beneficios sociales. Cinco meses después, los programas de atención al consumo problemático en consultorios aparecieron en una lista de candidatos a desaparecer.
Kast tiene razón en que sus autoridades deben estar lejos del narcotráfico. La pregunta que le falta responder es qué le debe el Estado a quien ya está dentro de la dependencia y no tiene dónde pedir ayuda.
El presupuesto 2027 va a dar esa respuesta. Y va a ser más honesta que cualquier declaración frente a las cámaras.
Por Ricardo Manzur Carrasco
Periodista con más de 20 años de experiencia, ex editor nacional de La Cuarta. Especialista en comunicación de salud mental y adicciones. Certificado por OPS/OMS y SENDA en neurobiología del consumo y política de drogas. Completó un proceso formal de recuperación de dependencia severa al alcohol.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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