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La iniciativa busca establecer nuevas herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo, pero también reabre una discusión que la derecha había optado por dejar en pausa tras los fallidos procesos constituyentes. El Ejecutivo apuesta ahora por construir respaldo transversal para sacarla adelante, pese a los reparos que ya asoman por concentrar la agenda en el ámbito legislativo.