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El Presidente de la República, José Antonio Kast, se sometió voluntariamente a un examen capilar de detección de drogas en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). En la instancia, el Mandatario anunció una serie de medidas orientadas a reforzar los controles en autoridades, incluyendo la aplicación periódica de este tipo de test a parlamentarios y directivas de partidos políticos.

“Está claro que, si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que es son las redes del narcotráfico”, sostuvo.

Entre los anuncios, se contempla la modificación del Decreto Supremo N° 1.215 de 2006, con el objetivo de incorporar el examen de pelo como método estándar de detección, en reemplazo del actual control de orina. Asimismo, se instruirá a la Dirección de Presupuestos (Dipres) disponer de los recursos necesarios para que todos los servicios públicos —incluidos los ministerios— puedan financiar estos test.

En la misma línea, se estableció que los resultados de los exámenes deberán ser publicados en los sitios web institucionales en un plazo máximo de diez días hábiles desde su realización.

Anuncio de proyecto

Durante la actividad, Kast también anunció el ingreso —en las próximas semanas— de un proyecto de ley que buscará ampliar el marco normativo vigente, incluyendo la ratificación de las obligaciones del Presidente de la República en materia de transparencia de resultados.

La iniciativa, además, pretende extender estas exigencias a senadores y diputados, estableciendo la realización de exámenes periódicos con resultados públicos. A ello se suma la exigencia de que las directivas nacionales de los partidos políticos se sometan a controles regulares de drogas como condición para acceder a financiamiento público.

El proyecto también contemplará que los candidatos a cargos de elección popular deban acreditar un resultado negativo en exámenes capilares antes de inscribir sus candidaturas, estableciendo su inhabilitación en caso de incumplimiento.

Según lo planteado por el Ejecutivo, la normativa busca consagrar el examen de pelo como estándar legal —con una ventana mínima de detección de 90 días—, el cual deberá ser realizado por laboratorios certificados. Resultados positivos podrían derivar en inhabilidades, impedimentos para postular a cargos públicos o incluso el cese de funciones.

“A nuestro juicio, el que acepta ir a un cargo público, tiene que firmar (…) creo que tenemos que dar un paso más allá y aquellos que quieren ejercer el servicio público de cara a las personas tienen que renunciar a ciertas normas de protección”, afirmó Kast.

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